Presupuesto mutilado, país en pausa: el ajuste no cierra y la calle empieza a hablar

Argentina entra a 2026 con un dato brutal que ningún relato puede maquillar: una economía recesiva, inflación que sigue corroendo salarios y un presupuesto que ya nació amputado en Diputados y llega al Senado como un cuerpo al que le faltan órganos vitales.

El Gobierno de Milei había armado su ingeniería fiscal sobre el Capítulo XI del Presupuesto, donde concentraba reforma laboral, recortes a asignaciones familiares, AUH, zonas frías, apoyos a universidades y políticas para personas con discapacidad. La derrota de ese capítulo en Diputados no fue sólo un tropiezo técnico: fue la constatación política de que no hay mayoría dispuesta a convalidar un ajuste que se sostiene, casi exclusivamente, sobre la espalda de los más vulnerables.

Mientras tanto, el cuadro social se degrada: la combinación de recesión, tarifazos, caída del consumo e inflación todavía alta –3,7% sólo en marzo y 55,9% interanual, según INDEC– pulveriza ingresos y empuja a millones a la pobreza o a la informalidad extrema.
A la vez, el propio Presupuesto proyecta un “logro” fiscal basado en un recorte real de recursos para jubilados y beneficiarios de la seguridad social a cambio de un superávit primario del 1,5% del PBI.
La ecuación es transparente: las cuentas cierran si la vida cotidiana no cierra.

Frente a ese cuadro, el oficialismo apostó a un combo de motosierra y látigo parlamentario. Pero en Diputados se encontró con algo que no esperaba: una mayoría transversal –peronistas, radicales, federales, oposiciones provinciales– dispuesta a frenar el capítulo más salvaje del proyecto. La caída del Capítulo XI no sólo dejó al desnudo la fragilidad legislativa del gobierno; dejó en evidencia que el “consenso del ajuste” ya no es automático.

La reacción en la Cámara alta fue igual de elocuente. Luego de la derrota en Diputados, senadores aliados le dijeron “basta de latigazos” a la estrategia de Patricia Bullrich, que pretendía disciplinar a fuerza de aprietes a gobernadores y bloques propios.
El mensaje es claro: nadie quiere cargar en soledad el costo político de un presupuesto que consolida pobreza, licúa jubilaciones y deja a las provincias con menos margen para sostener salud, educación y empleo.

Mientras tanto, la calle se mueve. Las marchas de estatales, movimientos sociales, universitarios y sindicatos se multiplican en las principales ciudades del país en rechazo al ajuste y a la parálisis económica.
El Gobierno dice que se trata de “minorías ruidosas”, pero los indicadores lo desmienten: caída de la actividad industrial, desplome del comercio, cierre de pymes y un mercado laboral que expulsa trabajadores y los empuja al rebusque diario.

En este contexto, la mutilación del Presupuesto obliga a una lectura incómoda en la Casa Rosada:

• Si el Senado apenas “limpia” el texto y devuelve una ley vaciada de recortes, Milei amenazó con vetarla.
• Si el oficialismo fuerza cambios a pura presión, corre el riesgo de dinamitar los últimos puentes con gobernadores y bloques que aún le prestan votos en temas clave.

En cualquiera de los escenarios, se consolida la sensación de apagón económico: un país que no invierte, que no consume, que no planifica porque no sabe qué reglas tendrá dentro de tres meses, mientras la pobreza crece y la promesa de “shock de confianza” no aparece ni en las encuestas ni en los barrios.

El problema central es político y ético:
el Gobierno insiste en presentar el ajuste como una cruzada moral contra la “casta”, pero los hechos muestran otra cosa. El peso del recorte cae sobre:

• jubilados que pierden poder adquisitivo;
• familias que dependen de la AUH para comer;
• universidades que sostienen inclusión y movilidad social;
• programas para discapacidad, salud y niñez en riesgo.

En paralelo, el Congreso discute “anclas fiscales” mientras no hay un solo párrafo serio sobre cómo reactivar el empleo, cómo reindustrializar, cómo enfrentar el hambre hoy.

Los senadores que hoy patean la pelota para adelante, temerosos del costo de votar a favor o en contra, deberán hacerse cargo de algo muy simple: en un apagón económico, la indecisión también es una forma de complicidad. El presupuesto no es un paper académico; es el mapa de quién va a comer, quién va a estudiar, quién tendrá un trabajo y quién quedará afuera del sistema.

Milei podrá seguir amenazando con vetos, tildando de “zurdo-socialistas” a quienes no convalidan su ajuste y jurando que “no hay plata”. Pero los números y las calles cuentan otra historia: lo que no hay es paciencia infinita para una recesión sin horizonte, ni voluntades políticas dispuestas a suicidarse votando un presupuesto inhumano.

La pregunta que se abre, entonces, es brutal y urgente:
¿cuánto más puede tensarse una sociedad empobrecida, fragmentada y sin empleo antes de que el experimento libertario admita que el equilibrio fiscal no puede construirse sobre un país en ruinas?

Mientras el Senado calcula tiempos y el Gobierno juega al todo o nada, la realidad ya emitió su dictamen: el ajuste fracasó en su promesa de orden y sólo dejó más pobreza y más miedo.