Privatización nuclear: la urgencia de frenar el entreguismo estratégico

Este 2025 quedará marcado como el año en que el gobierno nacional avanzó con el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA / NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. Con el argumento de atraer inversiones privadas y financiar nuevos proyectos, la administración de Javier Milei pretende vender hasta un 44 % del capital accionario, dejando al Estado con el 51 % restante para mantener un “control mayoritario”.

Pero lo que en el discurso oficial aparece como una maniobra técnica para optimizar la gestión energética, en los hechos representa un grave riesgo de subordinación estratégica. Privatizar una empresa que controla una parte clave del sistema eléctrico nuclear no es un mero negocio financiero: es rifar soberanía energética, ceder decisión tecnológica y exponer al país al chantaje de corporaciones extranjeras.

Privatizar lo estratégico es entregar el mando

Una empresa nuclear estatal maneja cuestiones fundamentales: seguridad física y radiológica, manejo del combustible, investigación, residuos, extensión de vida de centrales y expansión futura. En manos privadas, esos temas dejan de depender solo del interés nacional para someterse a lógicas de rentabilidad, contratos privados y cláusulas de confidencialidad.

La propuesta del gobierno declara que conservará el control accionario (51 %) y habilitará un “Programa de Propiedad Participada” para los trabajadores con hasta un 5 % de acciones. Pero aunque el control nominal permanezca en el Estado, los poderes de veto, gestión operativa y los contratos con los nuevos socios privados pueden darles espacio estructural para condicionar decisiones estratégicas.

Además, el sector nuclear es de altísimo riesgo reputacional y técnico: fallas, demoras, control de calidad, normativas internacionales. Cuando hay actores privados involucrados con intereses cruzados, el margen de operación gubernamental se estrecha.

Qué mina de legitimidad deja ese movimiento

El gobierno se apoya en la ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (Ley 27.742) para justificar que empresas estatales sean privatizables, siempre que quede voluntad pública de control. Pero esa letra esconde una puja política profunda: una generación de recursos inmediata sacrificando infraestructura crítica.

Empresas como NASA, que hoy generan un aporte energético constante y relativamente predecible, pasarán de ser activos de soberanía a piezas de mercado sujeto al vaivén externo. Los sectores productivos, la industria, las provincias y los consumidores perderán previsibilidad, pues los costos operativos, tarifas y acuerdos de abastecimiento pueden sufrir ajustes sin contrapeso público real.

Ese apresuramiento legislativo —con urgencias electoralistas implícitas— desnuda la debilidad de un modelo que no puede justificar crecimiento económico sin desarmar el Estado estratégico.

Caminos para evitar la entrega

Frente a esta embestida, hay rutas posibles para frenar o moderar el proceso de privatización. Aquí algunas estrategias:

1. Movilización ciudadana y alianzas políticas amplias
   • Organizar foros nacionales, provinciales e interinstitucionales (gobiernos provinciales, universidades, sindicatos, asociaciones tecnológicas) para denunciar el proyecto.
   • Presentar proyectos de ley de “inembargabilidad estratégica” que excluyan del régimen privatizador a empresas de energía nuclear, agua, satélites, etc.
2. Contrapropuestas legislativas
   • Proponer una ley que exija “acción de oro” estatal con poder de veto en decisiones clave (inversiones, cesión de tecnología, contratos con empresas extranjeras).
   • Crear un organismo de control independiente (con representantes técnicos, sociales y estatales) para supervisar cualquier operación privada en el sector.
   • Garantías de continuidad técnica y operativa: condiciones de licitaciones que exijan experiencia local, transferencia tecnológica, cláusulas de reinversión y plazos de salvaguarda.
3. Modelos mixtos con fuerte regulación estatal
   • En lugar de privatización pura, adoptar esquemas de participación público-privada donde el Estado retenga funciones críticas (control de seguridad, normas radiológicas, diseño estratégico).
   • Exigir que cualquier socio privado aporte capital de riesgo pero sin poder desbalancear el control técnico-operativo.
4. Presión internacional y acuerdos de no entrega
   • Incorporar la idea de territorios protegidos estratégicos en tratados de energía y comercio, para que participaciones privadas tengan limitaciones.
   • Invocar sanciones, cláusulas de estabilidad jurídica condicionadas al mantenimiento del carácter público del control nuclear.

La urgencia no autoriza la entrega

La privatización parcial de NASA no es un ajuste técnico: es una decisión de rumbo nacional. Cuando las urgencias electoreras empujan reformas estructurales que impactan el núcleo estratégico del Estado, el costo es demasiado alto. Quienes proponen este cambio están apostando a construir un Estado más débil bajo la fantasía de eficiencia, pero ignoran que una falla estructural en la energía nuclear pone en riesgo el futuro energético, tecnológico e incluso diplomático del país.

Las centrales nucleares no admiten errores de mercado. Si caen en manos privadas como un negocio más, el país no pierde solo una empresa: pierde control sobre su destino energético.

Es hora de convocar conciencia ciudadana, compromiso técnico, debate parlamentario genuino, movilización política y resistencia institucional para que no se lesione lo que debe ser no una mercancía, sino un pilar de nuestra soberanía.