En el ocaso de una economía desplomada, con medio país paralizado y una industria agonizante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría consumar un movimiento político devastador para la democracia: la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, como lo fue en Brasil con Lula Da Silva, cuya condena sin pruebas concretas lo apartó del juego electoral solo para que, años después, la misma Corte anulara todo por improcedente. Hoy Lula es presidente y la Justicia brasileña arrastra la marca indeleble de haber sido títere de los poderes fácticos. ¿Argentina irá por ese camino?
El poder blando en su máxima expresión
Lo que está en juego no es solo el futuro político de una figura central del peronismo, sino la salud institucional del país. El procurador interino Eduardo Casal, eterno interino, acaba de recomendar duplicar la condena de Cristina de 6 a 12 años de prisión, reviviendo una figura penal inconsistente y desmontada, la de “asociación ilícita”, en un expediente tan inconsistente que ya debió haber sido anulado. No hubo sobreprecios. Las obras fueron realizadas. Cristina no firmó un solo contrato. El armado es evidente.
La Corte tiene tres caminos:
- Confirmar los 6 años de condena, dejando todo igual;
- Aceptar el dictamen del procurador y subirla a 12 años, con consecuencias políticas inminentes;
- Anular todo el juicio, como hizo Brasil, restaurando la institucionalidad.
¿Lo hará? Difícil, porque la Corte Suprema no responde a los plazos ni al orden jurídico, sino a los intereses de quienes la manipulan. Jueces que jugaron al fútbol con fiscales en la quinta de Mauricio Macri no son imparciales. La proscripción es el golpe blando que muchos buscan.
Democracia a la carta
Si Cristina es proscripta en un contexto de demolición industrial, inflación reprimida, capacidad instalada al 54% (¡igual que en pandemia!), su condena se convertirá en el símbolo máximo de la hipocresía democrática. Porque en Argentina el Poder Judicial no investiga el hambre, la fuga de capitales, el endeudamiento feroz con el FMI o las regalías mineras regaladas, pero sí puede sentenciar sin pruebas a una dirigente popular.
El sistema político queda así a merced de una corporación judicial sin votos, sin controles, pero con poder absoluto. Es una amenaza no solo para el peronismo, sino para toda fuerza política que se atreva a desafiar intereses concentrados.
Cristina y la voluntad popular
Cristina no pidió fueros, no esquivó tribunales, no se escondió. Enfrentó todas las causas. Hoy está en la encrucijada entre el castigo simbólico que el poder económico necesita y el respaldo popular que no han podido destruir.
Si la Corte decide su proscripción, no será un fallo judicial. Será una ejecución política.
Y como enseñó Lula, un fallo espurio no mata una idea. A veces, la exilia. A veces, la potencia.