Censura de guante blanco: el Gobierno le pone uniforme a la prensa crítica
La Casa Rosada, ese símbolo republicano donde la palabra debería circular libre, hoy se ha convertido en un espacio cada vez más hermético, regimentado y vigilado. La reciente resolución publicada en el Boletín Oficial —impulsada por el vocero presidencial Manuel Adorni— no es una mera formalidad protocolar: es un golpe directo a la libertad de expresión y un intento burdo de disciplinar al periodismo incómodo. La medida establece nuevas restricciones para acceder a las conferencias de prensa diarias, incluyendo un insólito “código de vestimenta” para los periodistas acreditados. Es el traje formal del control: el ropaje como excusa para callar.
El argumento oficial es la “preservación institucional y el respeto protocolar”. Pero en la práctica, es una medida dirigida a seleccionar quién entra y quién no al núcleo comunicacional del poder. A partir de ahora, el Gobierno se reserva el derecho a decidir qué periodistas tienen acceso y bajo qué condiciones. En el mismo movimiento con el que se jacta de “decir siempre la verdad”, Adorni fabrica un cerco narrativo, un filtro de preguntas permitidas y un casting ideológico encubierto en etiquetas de corbata y camisa.
¿Quién define qué es “correcto”? El poder, claro
La resolución es ambigua, autoritaria y funcional a la lógica de “libertad para pocos”. ¿Qué significa vestir “de forma adecuada a la investidura presidencial”? ¿Quién decide si un periodista está lo suficientemente prolijo para preguntar? En un país donde la prensa ha denunciado amenazas, represión y censura, imponer este tipo de criterios no es inocente: es parte de un proceso de blindaje discursivo que transforma las conferencias en actos de marketing político, donde solo entran los obedientes.
La medida se alinea con otros gestos preocupantes del Ejecutivo: ataques verbales sistemáticos a medios críticos, detenciones de comunicadores en manifestaciones, y ahora, un protocolo que recuerda más al ceremonial de una monarquía decadente que a una democracia moderna. El problema no es el traje, es la mordaza.
La oposición denuncia lo obvio: esto es censura
Diversos bloques opositores —Unión por la Patria, Frente de Izquierda, socialistas y legisladores independientes— ya denunciaron públicamente que esta disposición es una forma de censura. “Viola principios constitucionales esenciales como la libertad de expresión, el derecho a informar y a ser informado”, señalaron. Y no es un exceso retórico: si se restringe el acceso de la prensa a los actos del gobierno por criterios arbitrarios, estamos ante una regresión autoritaria disfrazada de protocolo.
El control de la vestimenta es apenas un síntoma. Lo central es que se acota el pluralismo informativo y se profundiza el cerco entre el poder y la ciudadanía. Las conferencias de prensa no son un desfile, ni un evento corporativo: son un derecho del pueblo a interpelar al gobierno a través de sus periodistas.
Adorni, el vocero que quiere decidir quién pregunta y cómo se ve
Manuel Adorni se presenta como el portavoz de la verdad, pero actúa como el curador de una puesta en escena. Su figura ha crecido como una especie de “showman del ajuste” que, día tras día, recita con tono ensayado las bondades del gobierno de Javier Milei. Ahora, busca también producir el marco estético de su relato: salas limpias, periodistas obedientes y vestimenta “respetuosa”. La escenografía de la Casa Rosada se está llenando de silencios, no de respuestas.
El contraste con la realidad es brutal: mientras periodistas son golpeados por fuerzas de seguridad en las marchas, el gobierno lanza un manual de estilo para ingresar a la sala de conferencias. Mientras la pobreza se profundiza, se discute el largo de una pollera o la presencia de una remera. Se gobierna con fórceps narrativos, como si la imagen de control pudiese ocultar el descontrol social y económico.
¿Y ahora qué? Resistir desde la trinchera de la palabra
La prensa argentina ha sabido sobrevivir a dictaduras, proscripciones, presiones empresariales y corrupción. Este nuevo intento de domesticarla desde la estética y la acreditación es apenas un capítulo más de una larga historia. Pero lo que está en juego no es solo el acceso a una conferencia: es el derecho de toda una sociedad a no ser manipulada. La política comunicacional de este gobierno es, cada día más, un experimento autoritario disfrazado de modernidad.
Mientras algunos celebran la “orden” y el “respeto”, lo que crece es una lógica de exclusión. Se empieza por exigir traje y corbata, se sigue por permitir solo medios amigos, y se termina justificando la represión como una herramienta legítima contra quienes “no cumplen las reglas”.