Provincias bajo la lupa de la Nación
Región Norte Grande || Durante la sena pasada, las miradas se posaron sobre el ministro de Hacienda que comenzó a tomar las primeras medidas después de su asunción. Empleo e impuestos, dos de los ejes sobre los que giró la información.
El exceso de empleo público fue uno de los puntos señalados con preocupación por el flamante ministro de Hacienda. Sobre esto vengo estudiando y advirtiendo sobre sus nefastas consecuencias hace unos años, viendo con satisfacción que finalmente llegó a la agenda. Entre 2003 a 2015 el empleo público de Nación y provincias creció un 52% y 53% respectivamente, por lo que entre las tres esferas del Estado (Nación, provincias y municipios) tenemos una planta de 3,5 millones de personas. Es decir, hoy en la Argentina casi 4 de cada 10 asalariados en blanco son estatales, con un peso sobre el empleo total que duplica el promedio de Latinoamérica.
Detrás de este fenómeno subyace la falta de empresas. Y es que nuestro país está inmerso en un círculo vicioso de falta de empresas, exceso de empleo público y elevado nivel de empleo en negro. En Argentina tenemos unas 15 empresas por cada mil habitantes, cuando por ejemplo en Chile existen 53. Y es ahí donde comienza el círculo vicioso, especialmente en las provincias. Ante la supuesta debilidad del sector privado para crear empleo los gobiernos han aprovechado esa excusa, más motorizada por el clientelismo político, para expandir las plantillas públicas muy por encima del crecimiento poblacional. Es así que el exceso de empleo público en las provincias (aquél que creció por arriba del crecimiento demográfico) llega hoy a un 34% por arriba del nivel óptimo. En números absolutos esto que significa que se han nombrado en exceso poco más de medio millón de personas. Ahora bien, para financiar ese gasto adicional en personal las provincias han tenido que dejar de gastar en otras cosas. Y la variable de ajuste ha sido la inversión pública.
Mientras que el gasto en personal de las 24 provincias casi se duplicó entre 2004 y 2015, pasando de 4,8% del PBI a 8,5%, los gastos de capital se mantuvieron constantes en este lapso en sólo un 2% del PBI. Además las jurisdicciones tuvieron que subir impuestos para financiar este exceso, pasando la presión fiscal provincial desde el 3,7% al 5,5%. Aun así sólo llegaron a cubrir la mitad del gasto adicional que ese exceso de empleo público implicó, quedando más vulnerables al favor del gobierno central de turno para cubrir ese faltante. Entonces, si para solventar esta política de clientelismo y/o seguro de desempleo injusto los gobiernos invierten menos en rutas, trenes y puertos; y elevan la carga fiscal, en realidad la debilidad del sector privado para crear empleo es infligida por el mismo Estado que le quita competitividad en esos factores clave. Y allí volvemos al punto de partida del círculo vicioso, apareciendo de nuevo la tentación de seguir creando empleo público y comenzar de nuevo.
La dificultad desde el plano fiscal es que este exceso de empleo público por sobre el nivel óptimo nos sale carísimo y representa 2,2 puntos del PBI. Sin él las 24 provincias podrían haber tenido un superávit de $ 80 mil millones en 2015, en lugar del déficit de $ 52 mil millones que exhibieron; o podrían haber duplicado su nivel de inversión pública, que casualmente representa también 2 puntos del PBI; o estarían en condiciones de reducir un tercio la presión fiscal provincial.
Este problema difícilmente podría resolverse con una política de shock. Echar a 500 mil personas no es viable ni social ni políticamente. El camino más realista es estimular la creación de nuevas empresas que vayan absorbiendo este excedente. Mi estimación es que sólo para incorporar el exceso de empleados públicos al sector privado harían falta 52 mil nuevas empresas.
Elevado empleo en negro
Otro tema identificado con inquietud por Dujovne fue el elevado porcentaje de empleo en negro que ostenta nuestro país, afectando a un tercio de los trabajadores. De hecho hay provincias del norte como Salta o Tucumán en donde la porción supera holgadamente el 40%. También considero que este flagelo es parte del círculo vicioso descripto anteriormente. La mayor presión fiscal provocada por la necesidad de sostener un empleo público creciente desanima la creación de empresas y empleo privado en blanco. Adicionalmente a esta mayor carga fiscal general, aparecen como grandes responsables las altísimas cargas laborales, que según la OECD llegan al 35% para el caso argentino y se convierten en las más altas de Latinoamérica.
Ciertamente el trabajo en negro es una mala noticia en todos los planos. Para la economía en general porque es un empleo de muy baja productividad, con lo que alimenta más el círculo vicioso al debilitar todavía más el potencial de crecimiento del sector privado. Para los trabajadores por razones lógicas ya que además de estar asociado a bajos ingresos y nula estabilidad los priva del amparo de leyes laborales y beneficios como vacaciones, aguinaldo, etc. Para el empleador, porque justamente por esa inestabilidad inherente nadie capacita a un empleado informal por miedo a no recuperar la inversión, perpetuando entonces su baja productividad. Y por último para el Estado que ve desfinanciado su sistema previsional, y los trabajadores en blanco que deben asumir ese mayor costo relativo por futuras jubilaciones de gente que nunca aportó.
Este es un serio problema que urge resolver. Para reducir el empleo en negro a la mitad, y parecernos a Uruguay respecto a este indicador, habría que incorporar a la formalidad a unas 2,6 millones de personas. Si lo hiciéramos vía nuevas empresas necesitaríamos unas 250 mil. El desafío es enorme.
Impuestos distorsivos y reforma impositiva
Por último, el nuevo equipo económico hizo hincapié en un aspecto fundamenta
