“Provincias Unidas manchada de corrupción: el caso Perico sepulta la credibilidad de Jujuy Crece y arrastra a Schiaretti”

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El final anunciado de una era

La era de Pascual Ficoseco llega a su epílogo más oscuro. El intendente, ya procesado y esperando la elevación a juicio oral por la mega causa de las 200 viviendas faltantes, ahora queda hundido en el escándalo del Centro Comercial San José: siete hectáreas de tierras públicas valuadas en 14 millones de dólares regaladas a una empresa privada, que además cobraría la construcción de 500 boxes comerciales, entregando al municipio apenas el estacionamiento.

No fue error, fue estafa organizada. Y como jurista debo decirlo sin eufemismos: la licitación es nula de nulidad absoluta porque nació viciada por coimas. El audio revelado lo confirma: concejales habrían confesado recibir 45.000 dólares cada uno, sumas que también alcanzarían al intendente. Lo que se configura aquí es asociación ilícita, cohecho activo y pasivo, administración fraudulenta contra la administración pública y violación de deberes de funcionario público.

La entrega gratuita de tierras públicas municipales a una empresa privada con fines de lucro constituye un acto ilícito y nulo de nulidad absoluta, por violentar normas constitucionales, legales y principios básicos del derecho administrativo.

En primer lugar, la Constitución Nacional (art. 17) protege la propiedad pública, disponiendo que ningún bien del Estado puede ser enajenado de manera arbitraria. A nivel provincial, la Constitución de Jujuy y la Carta Orgánica Municipal de Perico establecen que los bienes municipales deben destinarse al interés general, siendo inalienables salvo autorización expresa fundada en utilidad pública y con contraprestación económica proporcional. La cesión gratuita a una empresa que persigue fines de lucro viola este mandato.

En segundo lugar, el intendente, como administrador de los bienes municipales, incurre en administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5 del Código Penal) al disponer de bienes comunales sin compensación para los verdaderos dueños: los vecinos. Al autorizar el acto, excede sus facultades legales y se convierte en partícipe necesario de un fraude patrimonial contra la comunidad.

En tercer lugar, el Concejo Deliberante, al aprobar la cesión, incurre en cohecho pasivo (art. 256 del Código Penal) si mediare dádiva, y además en violación de los deberes de funcionario público (art. 248), al sancionar normas que contravienen abiertamente el ordenamiento jurídico. No puede alegarse desconocimiento: la gratuidad en favor de un particular con fines de lucro es contraria al principio de igualdad ante la ley, que exige procesos de contratación abiertos, transparentes y competitivos.

Finalmente, la empresa beneficiada incurre en cohecho activo (art. 258), pues obtiene un enriquecimiento indebido sobre bienes públicos. El negocio es jurídicamente insostenible: se entregan hectáreas de valor millonario, la empresa cobra por la explotación comercial, y el municipio recibe apenas ingresos marginales.

En derecho público, este acto es inválido, ilícito y penalmente reprochable, y debe generar responsabilidades políticas, civiles y penales inmediatas.

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Un problema provincial, no solo local

Ya no se trata de Perico: lo que aquí estalla es un problema provincial y nacional. La justicia que no actúa de oficio, la legislatura que mira para otro lado y un Poder Ejecutivo provincial encabezado por Carlos Sadir que reclama corrección de asimetrías al gobierno nacional mientras tolera la rapiña de tierras públicas, colocan a Jujuy al borde del descrédito total.

Hoy, la credibilidad de Jujuy Crece como miembro de Provincias Unidas queda herida de muerte. ¿Cómo podrá Juan Schiaretti presentarse como alternativa nacional seria cuando dentro de su coalición hay un caso de corrupción institucionalmente criminal, con atentados mafiosos incluidos?

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La reacción política: un punto de inflexión

En conferencia de prensa, el bloque del Frente Primero Jujuy Avanza, con sus 12 diputados, anunció la presentación judicial contra la destitución ilegal de la concejal Mónica Sánchez, que se incorpora al peronismo y, según afirmaron, será restituida en su banca. El diputado Rubén Rivarola fue categórico: condenó el atentado contra el concejal Walter Cardozo, quien llegó en ambulancia, y anticipó que el bloque pedirá la intervención del Concejo Deliberante y del Ejecutivo municipal.

Por su parte, Carlos Haquim señaló que la justicia debió actuar de oficio y ratificó que el peronismo unido está listo para ofrecer una salida desde la decencia y el compromiso ciudadano: Perico es el punto de inflexión.

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Exigencias jurídicas

El derecho penal es claro:

• La licitación del Centro Comercial San José es inválida y nula.
• Los actores implicados —intendente, concejales, empresario y adquirentes de locales que sabían del origen ilícito— deben ser procesados penalmente.
• La justicia tiene la obligación de actuar de oficio frente a la confesión de coimas.
• La restitución de las tierras al municipio es imperativa: son bienes públicos, patrimonio exclusivo de los vecinos.

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Una mancha nacional

Lo que ocurre en Perico mancha a todo Jujuy Crece y, con ello, a Provincias Unidas. El pueblo argentino observa con estupor cómo, en una provincia empobrecida, se regalaban tierras a perpetuidad mientras se repartían sobres con dólares.

Si la democracia tiene un mínimo de decencia, la intervención debe aprobarse por unanimidad, porque no se trata de una cuestión partidaria sino de un crimen contra el pueblo.

El mensaje es claro: o hay justicia y cárcel, o todo Jujuy Crece arrastrará a Provincias Unidas al mismo lodo de la corrupción.