¿Qué hay detrás de la venta de EJESA? Luces, sombras y una energía que no alcanza

En un movimiento que remueve las placas tectónicas del tablero energético de Jujuy, EJESA —la empresa distribuidora de electricidad— cambió de manos: el Grupo Edison Energía, de origen nacional, adquirió el control de la firma que también opera en Tucumán (EDET) y en Salta (EDESA), consolidando así un paquete regional de influencia energética. Pero en Jujuy, el interrogante no se limita a quién vende y quién compra. La verdadera pregunta es qué pasará con las acciones clase C que el Gobierno provincial poseía, y si esta operación abrirá una nueva etapa o perpetuará las inequidades del sistema eléctrico jujeño.

Hasta ahora, el Estado provincial era titular del 100% de las acciones clase C, que representan nada menos que el 20% del paquete accionario de EJESA. Según la Ley 4.769 de privatización de la ex Servicios Eléctricos de Jujuy (SEJ), estas acciones debían servir para que la ciudadanía tenga participación en el control del servicio. Pero lo que en los papeles era control, en la práctica derivó en una ambigua co-gobernanza entre el Estado y el capital privado, donde el primero jugó simultáneamente de juez y parte, sin rendir cuentas claras.

Ahora que el control pasa a Edison Energía, ¿cuál será el destino de los fondos que le correspondan a Jujuy por su tenencia accionaria? ¿Se publicarán los montos percibidos? ¿Serán reinvertidos en infraestructura eléctrica o se diluirán en el laberinto de las finanzas públicas, quizás para sostener algún calendario electoral? Hasta ahora, el Gobierno no ha emitido declaración oficial detallando el valor de la transacción ni el destino de los fondos, mientras los jujeños siguen pagando una de las tarifas más altas del país.

Un dato no menor es que EJESA justificó la venta argumentando la falta de capacidad de reinversión. Esta confesión implícita de ineficiencia y estancamiento técnico abre otro flanco: si los antiguos dueños no podían modernizar el sistema eléctrico, ¿lo hará Edison Energía, cuyo modelo es eminentemente extractivo y financiero, como demostró en otras provincias? En Tucumán, por ejemplo, las quejas por el servicio y los aumentos tarifarios se multiplicaron tras su arribo.

Además, surge una pregunta estratégica: ¿cómo se integrará esta nueva gestión al marco productivo jujeño, cada vez más exigente en términos energéticos? El Parque Industrial de Perico y la Zona Franca de la ciudad, que prometen ser polos de desarrollo, siguen enfrentando dificultades por la limitada capacidad energética, una deuda estructural que ninguna gestión abordó con seriedad. ¿Existe acaso un plan de sostenibilidad energética o seguiremos administrando la precariedad?

Otra incógnita gira en torno a Cauchari, la joya solar de la provincia. Mientras se exporta energía limpia al Sistema Interconectado Nacional, los jujeños siguen pagando facturas descomunales, plagadas de tasas y tributos. Aquí entra en juego el Decreto Nacional 332/2022, que permite incorporar alícuotas provinciales, municipales e impositivas en la tarifa eléctrica. ¿Con la nueva gestión se eliminarán estos recargos? ¿Bajarán las tarifas, o todo seguirá igual bajo otra bandera?

La SU.SE.PU. (Superintendencia de Servicios Públicos) tiene mucho que explicar. Hasta ahora, lejos de proteger a los consumidores, ha sido cómplice silenciosa de los desmanes tarifarios y de una planificación energética endeble. ¿Reaccionará la Legislatura jujeña exigiendo informes? ¿Se animará alguien a revisar los contratos, los marcos regulatorios y la letra chica del traspaso accionario?

Finalmente, cabe preguntarse si esta venta no es también una jugada electoral, que busca descomprimir responsabilidades del Ejecutivo jujeño justo cuando el enojo social con las tarifas y los servicios públicos crece. Transferir la carga al sector privado permite despegarse del descontento, pero el Estado no puede borrarse: fue parte del negocio y ahora debe rendir cuentas.

Los jujeños merecen transparencia, acceso a tarifas razonables y una planificación energética que esté al servicio de la producción y el bienestar, no del saqueo silencioso. La venta de EJESA puede ser una oportunidad para redefinir el rol del Estado, pero solo si se abre el debate, se fiscaliza el proceso y se prioriza el interés público por sobre las cajas chicas del poder.

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