Mientras el gobierno provincial se felicita a sí mismo por el “equilibrio fiscal”, la realidad muerde: salarios pulverizados, comercios que cierran, pymes asfixiadas y municipios sin recursos. En este contexto aparece un proyecto incómodo, pero necesario: la Modificatoria del cobro y destino de los Ingresos Brutos, presentada por las y los legisladores del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad, que pone el dedo en la llaga del sistema tributario jujeño.
El corazón de la iniciativa es simple y explosivo: que dejen de pagar la crisis los que menos tienen. Hoy, el esquema de Ingresos Brutos grava de manera casi ciega a la actividad económica, con alícuotas que golpean por igual a un almacén de barrio que a una multinacional. El proyecto propone lo obvio pero vedado por la casta política: subir la carga a los sectores de alta rentabilidad (financieras, grandes cadenas comerciales, empresas de servicios concentrados) y aliviar a los pequeños contribuyentes y actividades de subsistencia.
El texto de la izquierda es claro cuando denuncia que, bajo el actual régimen, “quienes sostienen la recaudación son trabajadores, cuentapropistas, comercios chicos y medianos, mientras los grandes grupos reciben exenciones, beneficios y un trato privilegiado”. No es un eslogan: es la radiografía de una estructura impositiva que se disfraza de “neutral” para no nombrar a los verdaderos ganadores del modelo.
Otro pasaje del proyecto va al hueso del relato oficial: “no puede presentarse como mérito de buena gestión un equilibrio fiscal construido sobre el deterioro de salarios, jubilaciones y servicios esenciales”. Es exactamente lo que está pasando: se recorta salud, educación, infraestructura y presupuesto municipal, mientras se preservan beneficios a bancos, mineras, energéticas y grandes cadenas que se llevan la parte del león.
El proyecto también discute el destino de lo que se recauda. Plantea que una mayor porción de Ingresos Brutos se coparticipe a los municipios, que hoy funcionan como “ventanilla de todos los reclamos” sin recibir los recursos correspondientes. Es decir: los intendentes y comisiones municipales ponen la cara, pero la caja queda blindada en la Casa de Gobierno. Injusto desde el punto de vista federal, e ineficiente desde el punto de vista económico.
La iniciativa de la izquierda, lejos de ser “sectorial”, es en realidad un programa de las mayorías: propone bajar la presión sobre consumo popular y producción local, y trasladar el peso hacia quienes especulan, concentran y remiten ganancias fuera de la provincia. En un momento en que el gobierno nacional y el jujeño empujan el mismo libreto de ajuste, que exista un proyecto que diga explícitamente “que paguen más los de arriba” es casi un acto de higiene democrática.
La matriz que deja al desnudo este proyecto es brutal: un Estado provincial que se muestra implacable para cobrarle al kiosco, pero manso ante los grandes jugadores; que congela salarios y deja caer el gasto social, mientras defiende exenciones al poder económico en nombre de la “seguridad jurídica”. Es un esquema tributario diseñado para disciplinar a la mayoría y proteger a una minoría privilegiada.
Por eso es clave remarcar a sus autores: las y los diputados del Frente de Izquierda en la Legislatura, que ponen su firma donde otros solo ponen discursos. No se trata de coincidir en todo con la izquierda, sino de reconocer que son hoy quienes se animan a discutir, con un texto de ley concreto, quién paga la fiesta y quién se queda con el champagne.
La sociedad jujeña tiene derecho a saber que existe esta alternativa. Que no es inevitable que el ajuste caiga siempre sobre el mismo eslabón débil. Que hay otra manera de ordenar las cuentas: cobrando más a los que más ganan y blindando con ley los recursos para municipios, salud, educación y políticas sociales, en vez de seguir sosteniendo privilegios inadmisibles en medio de una pobreza que ya se volvió obscena.
Si la Legislatura archiva este proyecto, el mensaje será clarísimo: en Jujuy el sistema político decidió que el “equilibrio fiscal” vale más que la vida cotidiana de su propio pueblo. Si, por el contrario, se abre el debate en serio y se introducen cambios reales en Ingresos Brutos, habrá empezado al menos una rectificación moral: dejar de gobernar para los balances de unos pocos y empezar a hacerlo para la mayoría trabajadora.
Porque en tiempos de crisis, no discutir quién paga los impuestos es aceptar, sin decirlo, que la fiesta la sigan pagando los de abajo.
