¿Quieren un Jujuy más pobre y ludópata?

¿Quieren un Jujuy más pobre y ludópata?

Redacción Perico Noticias // En una provincia donde el 70% de la población vive en condiciones de pobreza, el gobierno de Jujuy parece apostar por una estrategia que, lejos de aliviar las penurias de sus habitantes, podría agravar aún más la situación: la promoción de los juegos de azar. Esta política no solo es cuestionable desde el punto de vista ético, sino que también pone en riesgo la salud mental y económica de miles de jujeños, fomentando la ludopatía, una enfermedad en preocupante crecimiento según indicadores confiables.

La metamorfosis institucional: del Banco de Acción Social al InProJuy

Históricamente, Jujuy contaba con el Banco de Acción Social, una entidad cuya misión era promover el bienestar de las familias y apoyar actividades que redistribuyeran la riqueza hacia los sectores menos favorecidos. Sin embargo, en 2015, mediante la Ley N° 5891, se decidió transformar esta institución en el Banco de Desarrollo de Jujuy, con el objetivo de asistir financieramente a micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando la producción y el empleo.

Esta transformación nunca se materializó de manera efectiva. En 2021, el gobierno provincial disolvió el Banco de Desarrollo y creó el Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (InProJuy), un ente autárquico encargado de regular, administrar y explotar los juegos de azar en la provincia. Esta decisión evidencia un cambio de enfoque: de promover el desarrollo económico y social a centrarse en la explotación del juego.

¿Dónde están los fondos para el deporte?

Anteriormente, parte de los ingresos generados por los juegos de azar se destinaban a un fondo de desarrollo deportivo. Sin embargo, este fondo fue eliminado y, hasta la fecha, no se ha restituido. Esta omisión plantea serias dudas sobre el destino de los recursos obtenidos a través de esta actividad. ¿A dónde van esos fondos?, ¿Por qué se dejó de apoyar al deporte, una herramienta fundamental para la contención social y la promoción de hábitos saludables?.

La ludopatía: una amenaza real y creciente

La ludopatía es reconocida como un trastorno mental que afecta a un número creciente de personas. El psicólogo y especialista en adicciones, Néstor Martiarena, ha señalado que la provincia debería mejorar la legislación al respecto e invertir en políticas públicas de prevención, en lugar de fomentar el juego. La falta de controles adecuados y la promoción indiscriminada del juego pueden llevar a la ruina económica a numerosas familias jujeñas.

Transparencia y conveniencia del InProJuy

La creación del InProJuy plantea interrogantes sobre su transparencia y conveniencia. Aunque se presenta como un ente autárquico con personería jurídica y autonomía financiera, su enfoque en la explotación de juegos de azar resulta cuestionable en el contexto actual. ¿Es apropiado que el Estado promueva una actividad que puede derivar en adicciones y problemas sociales?, ¿No sería más beneficioso destinar esos esfuerzos y recursos a actividades que promuevan la salud, la educación y el desarrollo económico sostenible?.

Alternativas saludables y productivas

En lugar de fomentar el juego, el gobierno provincial podría implementar políticas que promuevan actividades saludables y productivas. La tecnología ofrece innumerables herramientas para incentivar el deporte, la educación y el emprendimiento. Aplicaciones móviles, plataformas de aprendizaje en línea y programas de apoyo a emprendedores son solo algunas de las alternativas que podrían explorarse para mejorar la calidad de vida de los jujeños sin recurrir a prácticas que pueden ser perjudiciales.

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En Argentina, se estima que 7 de cada 100 personas padecen ludopatía, afectando a unas 3 millones. Cerca de 19 millones participan en apuestas, incrementando el riesgo de adicción, según datos oficiales.

La promoción del juego en una sociedad empobrecida y vulnerable como la de Jujuy es una política que merece ser profundamente cuestionada. Es imperativo que el gobierno reevalúe sus prioridades y enfoque sus esfuerzos en iniciativas que verdaderamente contribuyan al bienestar y desarrollo de sus ciudadanos, en lugar de apostar por estrategias que, aunque puedan generar ingresos a corto plazo, tienen el potencial de causar daños irreparables en el tejido social.

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