Recalculando: Macri necesita otro GPS

 Recalculando: Macri necesita otro GPS

Mauricio Macri había decidido apostar a todo o nada el aval de la Justicia al aumento en las tarifas del gas. El fallo de la Corte Suprema lo dejó con nada. O casi nada, si se fija una mirada complaciente. El Gobierno está ahora ante un doble desafío. Debe recalcular su metodología de acción política; también las metas económicas, uno de cuyos ejes es el recorte de subsidios en las tarifas para aliviar el déficit fiscal. Al macrismo le estaría sucediendo algo paradójico: transmite a la sociedad la idea de la implementación de un ajuste que la macroeconomía no registra en idéntica magnitud. Pero fomenta el malhumor. Algo no está funcionando en su brújula.

El macrismo debió conformarse al final con migajas. Los cuatro jueces de la Corte resolvieron que el freno a las tarifas de gas corresponde sólo a los residenciales. El decir, al 70% del mapa de usuarios. El 26% en términos de subsidios. La industria y el comercio, si pretendieran un trato similar, deberán recurrir también a los amparos. De manera individual y no por sector. Porque deben prevalecer, según el fallo, “los intereses homogéneos” para promover procesos colectivos. Fue el caso de las ONG que impulsaron las demandas civiles por el tarifazo del gas. Aquellos serían, sin embargo, desarrollos largos que el Gobierno saldaría con la realización de las audiencias públicas. Pero tampoco alcanzaría, quizás, para capear la tormenta. El jueves ingresó al máximo Tribunal el primer recurso por los incrementos en las tarifas de luz. Y se avecinarían las del agua.

Observado en perspectiva, resulta difícil de entender el camino tomado por el Gobierno. El aterrizaje en la Corte Suprema fue obra de su exclusiva voluntad mediante la presentación de un recurso de queja, después de un tropezón ante la Cámara Federal de La Plata. ¿Por qué razón tanto apuro? ¿Por qué haber desoído las observaciones de la oposición? ¿Por qué no haber reparado en los consejos de funcionarios y dirigentes de Cambiemos para rastrear una salida consensuada? ¿Qué garantía suponía tener de parte de los cuatros jueces, obligados al bautismo en su nuevo tiempo político con una decisión fundamental?

Evidentemente aquella garantía no existía. De otro modo, el macrismo no hubiera gastado energías para conciliar entre los jueces una postura favorable al aumento en las tarifas del gas. Además hizo aquel gasto con desmaño. El primer disgusto surgió con Horacio Rosatti cuando temprano hizo conocer su oposición. Luego depositaron esperanzas en la asunción de Carlos Rosenkrantz. Pero ese juez la postergó para no tener que expedirse en 48 horas sobre un asunto tan controversial. Incluso un correo sobrevoló a Alicia Highton. La magistrada se asoma a la edad jubilatoria. Aunque desearía continuar. Esa promesa figuró en aquel mensaje oficial. Ricardo Lorenzetti había estado con Macri. Juan Carlos Maqueda fue receptor de las inquietudes oficiales a través de mediadores políticos. Demasiadas manos en un solo plato. Al menos tres de los jueces estuvieron habituados a las brutales presiones durante el ciclo kirchnerista. ¿La historia se repitió? “Esta gente actuó con caballerosidad. Pero actuó”, graficó uno de los cortesanos. Tal vez, el mayor error haya sido el empecinamiento de Macri y Juan José Aranguren de plantear que un fallo adverso provocaría el diluvio. “Era la receta de Cavallo (Domingo)”, memoró el mismo juez.

Aquel baqueteo con la Corte atizó infinidad de conjeturas en el Gobierno. Que palpitó o fabuló con votos que se iban acomodando a sus intereses o deseos. Mencionaron al comienzo un 3-1 a favor del tarifazo. Luego un presunto 2-2. Lorenzetti no hubiera admitido en ese cuerpo remozado un voto dividido sobre una cuestión crucial. Menos aún si la disidencia nacía de Rosatti. Hay pica prematura entre los juristas santafesinos. Los cuatro hallaron, al final, el atajo de la diferenciación entre el aumento a los residenciales en relación con el comercio y la industria.

Esa apuesta del macrismo a la Corte tampoco tuvo en cuenta antecedentes cercanos. El máximo Tribunal siempre se mostró reacio al mecanismo del per saltum. Sucedió incluso durante el kirchnerismo, entre varios temas, por la disputa sobre la ley de medios. Tampoco la Procuración General convalidó en abril de este año un incremento en las tarifas dispuesto en el 2014 por Julio De Vido. Con el respaldo omnipresente que representaba entonces Cristina Fernández. Desde ese momento la ex presidenta sólo se ocupó de perfeccionar la bomba que recibiría Macri.

Según los cuatro jueces que ahora lo integran, el Gobierno no habría sabido tampoco decodificar el cuestionario que le acercaron antes del receso de invierno para que explicara los fundamentos del tarifazo. En ese texto había casi una hoja de ruta. El hito principal era la realización de las audiencias públicas.

En el Gobierno existieron funcionarios que se apegaron a dicha sugerencia. Rogelio Frigerio propuso una salida política el 9 de julio, un día después del fallo de la Cámara de La Plata. Alfonso Prat-Gay, con discreción, lo acompañó. Ese mismo día Sergio Massa, del Frente Renovador, le envió una carta personal al Presidente instando a variar el rumbo. Pero ganaron los halcones con Macri en la proa. Arropado por Marcos Peña, Aranguren y Gustavo Lopetegui, uno de los ministros coordinadores. Ahora aquellas audiencias quedaron como la única herramienta válida para sortear el atolladero. Pero bajo condiciones objetivas mucho más desfavorables. Hay de por medio una derrota judicial. También una oposición, en especial la kirchnerista, que no parece dispuesta a dar ninguna tregua. Cada audiencia podría convertirse en una romería y una batalla. Cristina lo anticipó: se sacó en Ensenada una foto con el director del CEPIS (Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad), la entidad que presentó el amparo contra el tarifazo que derivó en el fallo de la Corte.

Otro abono al tiempo turbulento que podría venir resultó estampado en el dictamen, también desfavorable al aumento, de Alejandra Gils Carbó. La procuradora general arengó a condicionar cualquier decisión a la realización de verdaderas asambleas populares. Bastante más que las simples audiencias, que se ocupó de defender la Corte. Los jueces también recordaron la vacancia de la Defensoría del Pueblo y aconsejaron cubrirla. Esa vacancia existe hace seis años porque Cristina se encargó de impedir cualquier nominación. Frente a semejante paisaje, es factible que el costo político para el macrismo se multiplique. Ya se consumieron ocho meses desde que el Gobierno, atinadamente, resolvió comenzar a ordenar una economía en estado de calamidad.

La mala praxis provoca de repente otra mutación. Se evaporaría el peso de la herencia kirchnerista que en el área energética se convirtió en un símbolo. Mezcla de pésimas decisiones y frondosa corrupción. El macrismo no resultó eficaz para transmitir a tiempo tal desastre. Aranguren mechó algunas cosas en la interpelación que navegó con soltura, al menos desde el plano técnico, durante el plenario de comisiones de Diputados. Aunque no lo suficiente. Refrescó que entre 2003-15 se consumieron US$ 75.400 millones en subsidios. Con el aumento tarifario que la Corte retrotrajo, el 40% del consumo de gas permanece subsidiado en el país. El de la luz llega al 75%. Hay casos que asombran: el 72% de la población de Formosa tiene subsidios para el abastecimiento eléctrico.

El macrismo también desdeñó pequeñas revelaciones que, sin embargo, cobrarían otra dimensión en el imaginario popular. Aranguren se encontró en su ministerio con joyas de corrupción extraviadas sobre un montículo. Un tren turístico al Yacimiento de Río Turbio, en Santa Cruz, para el cual se proyectó un presupuesto de $ 700 millones. Hasta diciembre del 2015 se habían pagado más de $ 300 millones. ¿Qué quedó? Algo más de 50 metros de tendido de rieles con una vieja locomotora encima. Un tren fantasma. Además, la edición de un libro dedicado a Néstor Kirchner y Cristina, de más de 800 páginas, para resumir las obras de infraestructura supuestamente ejecutadas por el matrimonio. El problema no fue ese. Lo fue, en cambio, que la edición casi total (10 mil ejemplares) resultó vendida a una empresa del Estado por $ 1,7 millón. Casi un descuidismo, teniendo en cuenta las groserías de la época.

Macri quiere ahora dar rápido la vuelta de página. Algo tarde. La decisión de acatar el fallo fue inmediata y el entierro de la bronca contra alguno de los jueces de la Corte también. Una manera de marcar diferencias con lo que solía hacer el kirchnerismo. En ese plan de recálculo urgente el Presidente no debería desdeñar aspectos institucionales y políticos que lo indujeron a cometer equivocaciones. Le ocurrió con la designación de los nuevos integrantes de la Corte. Emitió en su debut dos DNU para ser expeditivo y debió retroceder cercado por una polémica. Rosatti y Rosenkrantz pasaron sin escollos el filtro del Senado. Mirando el presente: ¿No hubiera resultado más fructífero para su Gobierno utilizar ese decreto a fin de desplazar a Gils Carbó? ¿Quién, al margen de los ultra K, se lo hubiera reprochado? La procuradora general sigue actuando como militante K en el Ministerio Público.

Macri recibió tres mandatos básicos de la sociedad. Primero, combatir la corrupción. En eso andan al parecer los jueces. También, regenerar la política y recuperar la economía. Está visto que no será posible una cosa sin la otra.

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