Perico Noticias, 29 de enero del 2028 // Hay una verdad que el Gobierno intenta disimular con épica reformista: la reforma laboral no está trabada sólo por “ideología” o por la presión sindical; está trabada por plata concreta. Los gobernadores —de todos los colores— miran el texto y ven un agujero: el capítulo de Ganancias para sociedades. Como es un impuesto coparticipable, si se reduce, se achican los recursos provinciales en un año donde las cajas ya están estresadas por la caída de transferencias y el enfriamiento de la actividad.
En la negociación se cruzan dos lógicas: la del “modelo país” y la del “presupuesto mes a mes”. El Ejecutivo empuja una reducción de alícuotas de Ganancias para empresas —con el argumento de incentivar inversión y formalización—, pero las provincias responden con realpolitik: sin compensación, no hay votos. El nudo está explicitado en los propios términos del debate: bajar Ganancias a sociedades impacta en la recaudación coparticipable y, por lo tanto, en el oxígeno financiero de los mandatarios.
En ese tablero, la interna libertaria también quedó expuesta. Según trascendió en reuniones con senadores aliados, Patricia Bullrich admitió que Luis Caputo está “muy duro” y que no acepta cambios, mientras pedía a los legisladores que no hablen con la prensa para no entorpecer las tratativas. La política en modo quirófano: negociación cerrada, control del mensaje y presión por calendario.
El Gobierno, por su parte, ensaya una salida táctica: mantener el dictamen y llevar la discusión al recinto, tensionando hasta el límite para arrancar adhesiones en el Senado. Incluso se barajan fórmulas de “aplicación diferida” o ventanas temporales para amortiguar el impacto, pero los gobernadores piden lo único que sirve en gestión: certeza escrita. Promesas de buena voluntad no pagan sueldos ni sostienen servicios.
Esto explica el giro de la escena: los gobernadores no están “en contra” de toda reforma; están en contra de que la Nación haga política macro con la billetera ajena. Si el costo fiscal es alto, la pregunta que sobrevuela es simple y brutal: ¿por qué el ajuste de Ganancias lo deben financiar las provincias? Ahí se redefine el poder real del Congreso: cuando las provincias sienten que pierden coparticipación, los bloques “dialoguistas” se endurecen, y la reforma deja de ser técnica para convertirse en un plebiscito de federalismo fiscal.
La conclusión es incómoda para todos: si el Gobierno quiere que la reforma laboral sea un “hito”, necesita ofrecer un deal serio —compensación, gradualismo o rediseño del capítulo de Ganancias—. Porque, a esta altura, los gobernadores no están discutiendo un articulado: están defendiendo su caja. Y en política argentina, cuando la caja tiembla, se cae cualquier épica.
