«Retenciones abajo, ajuste arriba: el precio del festín agroexportador»

El gobierno de Javier Milei anunció con bombos y platillos una baja de retenciones a los productos agropecuarios. Desde la Sociedad Rural Argentina, en un acto que simuló épica libertaria, se prometió el “camino a retenciones cero”. Sin embargo, detrás de este show mediático y de mercado se oculta una realidad más cruda y estructural: se recortan impuestos a los exportadores al mismo tiempo que se ajusta brutalmente sobre jubilados, provincias y servicios públicos. Retenciones sí, jubilados no. Carne al exterior sí, medicamentos no.

La reducción de alícuotas no es, como intenta mostrar el discurso oficial, una revolución productiva. De hecho, en muchos casos apenas se trata de un reestablecimiento del esquema tributario que el propio Milei modificó temporalmente semanas atrás o que ya regía en los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández. Pero el problema no es solo la magnitud de la baja sino su momento y sus consecuencias: mientras se desfinancia al Estado en nombre de una actividad exportadora “liberada”, se le niega el aumento del bono a los jubilados, se paralizan obras públicas en todo el país y se consolidan mecanismos de endeudamiento que hipotecan el futuro fiscal.

La renuncia a este ingreso genuino —por retenciones— tiene un costo fiscal estimado del 0,2% del PBI. El mismo costo que tendría la suba del bono jubilatorio a $110.000. Pero mientras el gobierno vete ese bono por ser “inviable”, celebra entre aplausos del agro la poda de recaudación. En criollo: se subsidia a los sectores con mayor rentabilidad a costa de los sectores con mayor vulnerabilidad. Un Estado que perdona a quienes venden carne a China, pero castiga a quien necesita insulina o una jubilación digna.

¿Qué nos dice esto del modelo de país en construcción? Que se prioriza la concentración, la fuga, el negocio rápido, la ideología del campo como “productor nato” y no como actor integrado al sistema nacional. Un campo sin Estado es un campo sin rutas, sin ferrocarriles, sin energía. Un campo sin INTA, sin Banco Nación, sin Senasa. Un campo sin consumidores internos, sin salarios ni jubilaciones que permitan sostener el mercado local. No hay milagro en este modelo: hay saqueo.

El “desacople” entre el precio interno y el precio externo, bandera de las retenciones, fue abandonado en nombre del dios mercado. Así, exportamos más carne que nunca pero consumimos menos carne que nunca. Ganancia para pocos, dieta sin proteínas para muchos.

Además, la baja de retenciones, como toda medida tributaria regresiva, tiene otra víctima invisible: las provincias. Al reducirse la masa coparticipable (una parte de las retenciones se comparte con los gobiernos provinciales), se acelera el proceso de vaciamiento federal. Los gobernadores quedan atrapados en un dilema perverso: o ajustan sus presupuestos (salud, educación, seguridad) o toman deuda en moneda extranjera. El “orden” que proclama la Casa Rosada es, en realidad, una invitación al caos descentralizado.

La política jubilatoria también queda atrapada en esta lógica perversa. El gobierno no ve en las jubilaciones un derecho adquirido ni un contrato social, sino un gasto a reducir. Niega los aumentos votados en el Congreso, demoniza a los legisladores que defienden el sistema previsional y criminaliza el debate con epítetos que rozan el delirio: “asesinos del futuro”, los llama Milei. La realidad es más concreta: el jubilado que no puede comprar sus medicamentos se muere en el presente, no en una hipótesis generacional.

Mientras tanto, se abre la puerta a nuevas privatizaciones, empezando por Intercargo, Enarsa e incluso el servicio de agua potable. Como en los 90, se “limpian” empresas: se las libera de deudas, trabajadores y obligaciones sociales antes de venderlas al mejor postor. Todo a precio de remate. Todo con la promesa de un Estado eficiente… que sólo aparece para garantizar negocios privados.

El gobierno de Milei no está bajando impuestos: está eligiendo a quién se los baja y a quién se los cobra. No está ordenando el Estado: está rediseñándolo para que sirva sólo a unos pocos. No está “liberando fuerzas productivas”: está liberando a los poderosos de su responsabilidad social.

Y sobre todo, está consolidando un relato donde cada medida injusta se presenta como heroica, cada retroceso se disfraza de revolución y cada ajuste se celebra como redención. Pero los números son claros: el festín fiscal del agro se paga con el hambre de los jubilados, el desfinanciamiento de las provincias y el endeudamiento creciente.

Esta vez, las vaquitas también son ajenas. Pero los platos rotos, como siempre, los pagamos nosotros.