Desde las gobernaciones se alza una voz de alarma que ya no puede ser ignorada: la eliminación de las retenciones al agro no es un “beneficio” sectorial, sino una ejecución silenciosa de la sustentabilidad provincial. Cuando el campo liquida libremente, los ingresos del Estado nacional caen en picada, y esa caída impacta directamente en lo que Nación gira en coparticipación.
Los gobernadores lo saben: sin esos recursos, sus presupuestos quedan mutilados. La obra pública se paraliza, la educación y la salud sufren recortes, y los salarios públicos caen en un limbo sin respuesta. Lo que era promesa de ajuste se convierte en regla de sobrevivencia.
El préstamo de US$30.000 millones que Milei busca con el Tesoro americano no es un auxilio generoso, es una oferta de dependencia. Ese dinero vendrá con condiciones no escritas: garantías jurídicas, cesiones estratégicas, apertura irrestricta de empresas extractivistas, influencia externa fuerte. Y todo presionado, bajo la expectativa de que Argentina llegue “esperanzada” a las elecciones del 26 de octubre. Un escenario en el cual todos deban decir “sí” para no parecer opositores.
China y sus inversiones, que tanto habían apostado por litio, minería, energía renovable y productos regionales, ya sienten el vendaval. En provincias como Jujuy, Salta o Catamarca, son comunes los acuerdos con empresas chinas que han sido duramente rentables para las economías locales. Pero con Washington como nuevo patrón financiero, esas inversiones corren riesgo de quedar congeladas, renegociadas en desventaja, o directamente desplazadas por capitales con exigencias políticas.
El libre mercado prometido no se traduce en prosperidad si se cede el poder de decisión. Los gobernadores temen que el campo pague hoy para que la Nación liquide mañana. Que la promesa de “sin retenciones” termine siendo solo la antesala del impuesto, del endeudamiento interno, del ajuste estructural impuesto desde el centro.
Sólo el peronismo, con su tradición federal, puede presentar resistencia real. Porque el resto del arco se divide entre quienes buscan aprobar el ajuste y quienes creen que con protocolo pueden enmascararlo. Si no se demarca una línea clara, si no se exige prerrogativas constitucionales para las provincias, este préstamo será un bumerán que devolverá crisis sobre crisis.