Revelador informe de AGN sobre alimentación y comedores comunitarios

 Revelador informe de AGN sobre alimentación y comedores comunitarios

La Auditoría General de la Nación aprobó un informe sobre el Programa de Seguridad Alimentaria y Comedores Comunitarios correspondiente al período 2009 – 2012, el cual reveló la obtención de resultados insuficientes, en relación a los objetivos fijados.

Es oportuno recordar, que el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, se creó en 2003 por la Ley 25.724, siendo su objetivo posibilitar el acceso de la población en situación de vulnerabilidad social a una alimentación complementaria, suficiente y acorde a cada región del país.

La alimentación es uno de los pilares más importantes para la sociedad. Así, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, se consagró en el centro de los derechos sociales al Derecho a la Alimentación.

Al respecto, Alejandro Nieva indicó que, con el fin de evaluar la gestión de este programa, se auditaron cinco jurisdicciones: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Moreno en Provincia de Buenos Aires, Corrientes, Formosa y Posadas. En total se visitaron 178 organizaciones con 327 comedores.  “Mientras que desde 2016 a mayo de 2017 el presupuesto destinado al PNSA fue de $1200 millones, durante el período auditado fue tan sólo de $691 millones”, advirtió.

Entre las principales observaciones, citó que “no había un sistema de información confiable respecto de la cuantificación de las metas físicas alcanzadas y los montos ejecutados”.

Se verificó además,  que desde el 2005 se cerró la incorporación de organizaciones la sociedad civil para ser beneficiarias del programa.

Por otro lado, Nieva señaló que el Estado transfirió los fondos al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para que este organismo financiara la implementación y supervisión del proyecto, generando un costo extra de más de 20 millones de pesos.
Se observó que los mecanismos de control y asistencia técnica brindados por el PNUD y destinados a garantizar la agilidad en la ejecución y operatoria del programa no fueron eficaces para subsanar las irregularidades en la entrega de mercadería que, en varios casos, se recibió en mal estado o en menores cantidades.

Por último, no se realizó en este período un estudio para la identificación de la población en situación de riesgo alimentario y se comprobó que unidad de medida de meta física no permitía contar con un instrumento idóneo para la evaluación de resultados.  

Nieva destacó que, si bien el período auditado del informe “puede parecer lejano”, la información que brinda “sigue siendo de enorme utilidad como recurso para la actual gestión del programa”. “Así fue que después de leer el informe, el Ministerio de Desarrollo Social sostuvo la importancia del Programa y respondió que a partir del 2017 se corrigió la unidad de medida física de comedores que recibían el beneficio a raciones alimentarias”, precisó y agregó que “el programa continua trabajando con las organizaciones en las mejoras de las condiciones edilicias, seguridad e higiene y aseguró que pondrá a consideración la opinión de abrir la rendición de cuentas por comedor”.

“También afirmaron que se está elaborando un diagnóstico a partir de problemas nutricionales reales y que se homogenizó el relevamiento y sistematización de información que disminuye la subjetividad de respuestas”, completó.

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