Sadir aprieta el botón rojo: renuncias masivas, un Fiscal intocable y el fantasma del gatopardismo en Jujuy

La política jujeña amaneció con un documento que habla más de debilidad que de poder.
El memorándum de la Jefatura de Gabinete de Ministros, fechado el 28 de noviembre de 2025 y firmado por Freddy Morales, ordena a ministros, titulares de organismos descentralizados y autárquicos, empresas del Estado, Gobernación y Jefatura de Gabinete poner “a disposición” sus renuncias antes del 10 de diciembre.
De arriba hacia abajo, todos. Salvo el Gobernador.

El texto incluye incluso –de manera impropia– al Fiscal de Estado, una figura que la propia Constitución de Jujuy blinda frente a este tipo de manotazos administrativos: el Fiscal es designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo legislativo, ejerce durante el mandato del gobernador que lo nombró y solo puede ser removido por juicio político o por cese del propio gobernador, siendo inamovible en ese período.

Es decir: ningún memorándum, por más membrete oficial que tenga, puede “invitarlo” a renunciar como si se tratara de un director cualquiera. Hacerlo es, como mínimo, un papelón jurídico y un mensaje peligroso sobre cómo se entiende el sistema de contralores en la provincia.

Quintela relanza, Sadir titubea

La decisión remite inevitablemente a lo ocurrido hace pocas semanas en La Rioja, donde el gobernador Ricardo Quintela pidió la renuncia a todo su gabinete para “reformular la gestión” tras una elección ajustadísima y relanzar políticamente su gobierno rumbo a 2027.

En aquel caso, el movimiento tuvo un sentido claro:

• asumir el desgaste,
• oxigenar el elenco,
• reordenar poder interno con un mensaje político explícito.

En Jujuy, en cambio, el contexto es otro:

• Carlos Sadir no llega fortalecido de ninguna contienda;
• el oficialismo provincial arrastra conflictos sociales y económicos,
• y la interna con el ex gobernador Gerardo Morales –quien aún conserva fuerte influencia sobre los tres poderes– viene dejando heridos desde hace meses.

La pregunta de fondo es sencilla y brutal:
¿este pedido de renuncias es el inicio de un gobierno de Sadir sin tutor político… o solo una reacomodada administrativa para mostrar “austeridad” en tiempos de ajuste?

¿Reforma de poder o puesta en escena contable?

Desde la Casa de Gobierno ya se insinúa el argumento del “ordenamiento” y la “reducción de costos administrativos”. El libreto es conocido: se pide la renuncia general, se aceptan algunas, se fusionan secretarías, se degradan ministerios y se vende a la opinión pública un recorte simbólico, mientras los verdaderos centros de decisión permanecen intactos.

Las dudas que se abren son varias:

1. ¿Habrá recambio real de nombres o solo sillas calientes?
   Si los mismos cuadros que responden a Morales rotan de cartera, el mensaje es que nada cambia en la gobernabilidad real de Jujuy.
2. ¿Se abrirá el gabinete a nuevos socios políticos?
   Corre el rumor de posibles desembarcos de sectores peronistas “dialoguistas” o aliados locales a La Libertad Avanza, en línea con la estrategia nacional de cooptar figuras provinciales para sostener el Presupuesto 2026 y las reformas del oficialismo libertario.
3. ¿Quién manda sobre el vínculo con Nación?
   La principal carta de Sadir hoy no son sus diputados nacionales –escasos y divididos entre lealtades a él y a Morales– sino el peso político de la ministra Isolda Calsina, con línea directa a Patricia Bullrich, hoy figura clave del armado libertario en el Senado.
   Si el rediseño del gabinete refuerza esa mesa chica, Jujuy se alineará aún más con la Casa Rosada a cambio de oxígeno financiero.

El error constitucional que desnuda al gobierno

El punto más delicado del memorándum es jurídico y político a la vez:
meter al Fiscal de Estado en la lista de renuncias posibles revela desconocimiento –o desprecio– por la institucionalidad.

La Constitución jujeña es clara: el Fiscal no es un empleado del gobernador sino un órgano de control del patrimonio provincial, con estabilidad durante el mandato de quien lo designó y remoción solo por los mecanismos constitucionales de juicio político.

Si el Ejecutivo pretende que el Fiscal “ponga a disposición” su renuncia por nota interna:

• se desdibuja la independencia del órgano de contralor,
• se trastoca la lógica de pesos y contrapesos,
• y se envía a toda la administración el mensaje de que la legalidad es negociable al ritmo de las conveniencias políticas.

En un contexto de recursos escasos, deuda oculta en empresas del Estado y sospechas recurrentes sobre la transparencia de contrataciones, debilitar al Fiscal de Estado es exactamente lo contrario de lo que espera una ciudadanía golpeada.

¿Gatopardismo jujeño?

En los próximos días se verá si el pedido de renuncias se traduce en:

• un relanzamiento político genuino, con nueva agenda, nuevos cuadros y un gobernador dispuesto a asumir su propio liderazgo;

o si todo se reduce a un clásico ejercicio de gatopardismo: cambiar algo para que, en lo esencial, nada cambie.

Si Sadir vuelve a armar el gabinete con el mismo esquema de dependencia interna de Gerardo Morales, si no hay apertura política ni mejora en la calidad técnica de los equipos, el memorándum de Freddy Morales pasará a la historia como lo que parece hoy: un gesto desesperado para mostrar movimiento al costo de exponer, una vez más, las fragilidades jurídicas y políticas del poder en Jujuy.

El reloj corre hacia 2027.
La sociedad, cansada de formalismos vacíos, no necesita maniobras contables ni recambios cosméticos: exige gobierno real, transparencia y respeto a la Constitución.
Si el “ajuste” solo recae sobre segundas líneas mientras se preservan privilegios y se juega con la institucionalidad, el costo político será alto. Y esta vez, no habrá memorándum que lo tape.