San Salvador de Jujuy y su Agua en Crisis: Una Infraestructura Colapsada y un Negocio Increíblemente Rentable para el Gobierno

19 de febrero de 2025 – San Salvador de Jujuy // La última tormenta desnudó de la manera más grotesca la precariedad de la infraestructura de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Las autoridades, lejos de aportar soluciones, se limitaron a recomendar hervir el agua del grifo antes de consumirla. El detalle escandaloso es que el propio Gobierno provincial, dueño de la empresa Aguas Jujuy, no solo admite la ineficiencia de su servicio, sino que también aprovecha la situación: resulta que la misma empresa posee XUMA, la principal fábrica de agua mineral en la provincia. Dicho de otro modo, si no querés correr el riesgo de enfermarte bebiendo agua de la canilla, te la venden embotellada ellos mismos.

Infraestructura vetusta y sin previsión

Este episodio lamentable revela un problema mucho más profundo: la ausencia de un plan maestro de infraestructura acorde al crecimiento demográfico de la capital jujeña. El colapso de los servicios públicos no surgió de la noche a la mañana. El Gobierno provincial, en complicidad con el municipio más importante de la provincia, lleva años ignorando las necesidades de una ciudad que concentra el 53% del padrón electoral junto con el Gran Jujuy.

En lugar de invertir en obras fundamentales, la estrategia ha sido negar la ley de coparticipación a los municipios del interior, fomentando una migración masiva hacia la capital. El resultado: una urbe vieja en términos de servicios básicos, con redes de agua y saneamiento que no resisten ni una lluvia intensa. Y cuando los caños revientan o el agua sale turbia, la solución oficial es—con total desparpajo—que los vecinos se las arreglen hirviendo el líquido o comprando botellas de la propia empresa estatal.

El agua, en manos de la burocracia

El agua es el recurso más preciado para la vida, pero aquí se ve transformada en un negocio redondo para quienes deberían garantizar su acceso y potabilidad. Aguas Jujuy, bajo el paraguas gubernamental, no asume la responsabilidad de brindar un servicio digno. Al contrario, se beneficia de su propia inoperancia: cuando la canilla se vuelve una amenaza, aparece la botella de XUMA como tabla de salvación.

El trasfondo de esta trama roza la impunidad. ¿Cómo es posible que los responsables públicos—encargados de planificar, prevenir y resolver—parezcan más interesados en rentabilizar el agua embotellada que en modernizar el servicio? La respuesta, aunque dolorosa, es clara: las prioridades no están puestas en la ciudadanía, sino en sostener un sistema que encubre la ineficacia con maniobras políticas y económicas.

Un llamado a la transparencia y a la acción real

Este modelo, lamentablemente, se replica en otras provincias argentinas, donde la pauta política y los negocios estatales van de la mano, en detrimento del bienestar común. En Jujuy, la situación es ya insostenible. No se puede hablar de crecimiento y desarrollo mientras se niega el acceso a servicios básicos de calidad. Tampoco se puede hablar de buena gestión cuando el Gobierno recomienda hervir el agua a sus habitantes mientras lucra vendiéndoles el mismo recurso envasado.

Para revertir esta decadencia, se necesita algo más que promesas de campaña. Se requieren políticas de Estado que fortalezcan la infraestructura, transparenten el uso de fondos públicos y prioricen la salud y la dignidad de la población. Las excusas ya no sirven. La obviedad de la crisis obliga a tomar medidas urgentes: renovación de cañerías, expansión de las redes de agua y saneamiento, y una verdadera fiscalización de las empresas que, al final de cuentas, deberían rendir cuentas a los jujeños.

Conclusión: De la impunidad al compromiso

La historia reciente de San Salvador de Jujuy demuestra que la falta de inversión y la visión cortoplacista tienen consecuencias nefastas: colapsos de servicios, ciudadanos sin agua potable y un lucrativo negocio para el propio Estado. La inacción oficial no es casual; forma parte de una estrategia que prioriza la conveniencia política sobre las necesidades reales de la gente. Mientras tanto, la ciudad—cada vez más poblada—sigue envejeciendo en materia de infraestructura, y los vecinos siguen preguntándose por qué deben comprar el agua al mismo gobierno que no se preocupa por brindar un servicio básico y esencial.

Ha llegado el momento de que el gobierno provincial y el municipal dejen de subestimar a los ciudadanos. Los jujeños merecen una administración que anticipe los problemas, invierta con seriedad y deje de aprovecharse de la vulnerabilidad de su propia gente. En un contexto donde la demanda de transparencia y ética es cada vez más fuerte, el fracaso de la gestión en materia de agua y servicios públicos no hace más que agravar la brecha entre los políticos y la sociedad. El agua no puede seguir siendo rehén de la burocracia: es hora de un cambio real, y no de un negocio más.