Sarapura: «DDHH de Jujuy actua de manera tibia y débil»

EL COAJ RECHAZÓ LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA INDÍGENA Y OBSERVÓ LA DEBILIDAD DE NEGOCIACIÓN DEL ESTADO

Servicio de Comunicación del COAJ, 13 de enero de 2014.

El Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy, a través de su Coordinadora General, Natalia Sarapura, a raíz de los incidentes ocurridos en Rumi Cruz que terminaron con diez dirigentes indígenas heridos e inicialmente detenidos, expresó su preocupación por los hechos sucedidos, manifestó su acompañamiento a los dirigentes afectados y señaló la debilidad de la Secretaría de Derechos Humanos que es el organismo del Estado que tiene la responsabilidad de construir acuerdos con las comunidades en el marco de las acciones de gobierno. Al mismo tiempo la dirigente rechazó el intento de criminalización de la lucha indígena que se ha evidenciado en estos incidentes, donde los dirigentes indígenas fueron imputados judicialmente.

Observó Natalia Sarapura que el Gobierno de la Provincia se encuentra “frente al desafío de garantizar el consentimiento previo, libre e informado, para lo cual debe contar con organismos con la capacidad técnica y política de llevar adelante negociaciones con las comunidades indígenas, comprender el núcleo de los conflictos, interpretar el derecho indígena y acercar a los actores para evitar situaciones como la sucedida el domingo último».

La titular del COAJ observó la contradicción que se ha evidenciado, con un Estado que “por una parte busca el desarrollo del turismo, en función del patrimonio natural y cultural de Jujuy, pero al mismo tiempo, tiene una débil estructura para analizar las problemáticas de derechos humanos que plantean las comunidades indígenas, que son actores ineludibles en el proceso de negociación sobre asuntos que afecten sus intereses”.

Sarapura señaló que el COAJ ve con enorme preocupación un proceso creciente en América Latina donde se busca criminalizar la protesta indígena y señaló que los hechos ocurridos en Rumi Cruz pueden sentar un precedente en talsentido.

“Es preocupante que las comunidades indígenas, ante la falta de mecanismos apropiados para garantizar el derecho a consulta y consentimiento y ante la falta de estructura de organismo con capacidad técnica y política, se vean envueltos en episodios de violencia, por hacer ejercicio de su derecho a defender su territorio, y más lamentable es que finalmente terminen criminalizados”, agregó.

El COAJ hizo un llamado al Estado Provincial, en particular al Poder Ejecutivo para que promueve las acciones necesarias para garantizar los derechos de las comunidades indígenas a ser escuchados, consultados y respetados en sus decisiones. Y al mismo tiempo, requirió al Poder Judicial aguzar esfuerzos para abordar los hechos a la luz de la complejidad de los hechos planteados y desde la perspectiva del derecho indígena. “Esperamos que los funcionarios judiciales intervinientes tengan la capacidad de interpretar la situación en su compleja dimensión y que no sienten un precedente de criminalización indígena en Jujuy”.

Explicó Sarapura que la comunidad de Rumi Cruz –donde se produjeron los violentos episodios el domingo último- cuenta con el título de propiedad comunitaria y por ello habían efectuado una solicitud para que se les permitiera el ejercicio del derecho al consentimiento, a propósito del anunciado paso del Rally Dakar. “Ante la falta de acuerdos, es que han hecho ejercicio de su derecho de defensa del territorio” acotó la dirigente.

Finalmente rechazó Sarapura interpretaciones restrictivas que intentan señalar que sobre la ruta provincial, las comunidades no tienen injerencia y en tal sentido manifestó que “existe un absoluto desconocimiento de la noción de territorio, un concepto que es comprensivo no solo de la tierra donde se habita y se siembra, sino que comprende toda la extensión en la que la comunidad desarrolla su vida, incluidos sus espacios comunitarios y sagrados”.

Indicó la titular del COAJ que el Dakar atravesó territorio indígena, sin previa consulta y sin previo consentimiento.

Finalmente destacó que el consentimiento, no es un trámite administrativo, sino un derecho que debe garantizarse a través de procedimientos adecuados y en función de lo que ha señalado el sistema de protección de derechos humanos de la OEA, en fallos paradigmáticos como Sarayaku y Saramaka.

Por contactos o entrevistas:

Natalia Sarapura, Coordinadora General del COAJ, 0388 4237323 o 156 869 920:

Sergio Laguna, Intendente de El AGuilar: 0388715475205 – 03887493023