Sectores rechazan nombramiento de diputados radicales como jueces del STJ
Abogados independientes, organismos de derechos humanos, diputados del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular (FUyO) e integrantes de Justicia Legítima Jujuy repudiaron fuertemente en una conferencia de prensa en la entrada de los Tribunales lo que denominaron un intento de golpe de Estado a partir de la reforma del Superior Tribunal de Justicia (STJ) aprobada de manera express y del intento de nombramiento como jueces del máximo órgano del Poder Judicial a ex y actuales diputados del radicalismo. El pasado lunes, en una sesión extraordinaria y sin dar lugar al debate en comisión, los diputados radicales aprobaron la ampliación del número de jueces del STJ de 5 a 9 y dieron a conocer que nombrarían a los diputados radicales Pablo Baca, Beatriz Altamirano; al ex diputado radical Federico Otaola y a Laura Lamas.
El Presidente del Bloque del FUyO, Germán Noro expresó que hay una gran preocupación ante el avasallamiento que se produjo con la reforma express del STJ, la pérdida de independencia del Poder Judicial que ocasionaría el nombramiento de diputados radicales en el máximo tribunal y el intento de suma del poder público. “Hasta ayer Pablo Baca estaba en las sesiones como diputado radical al igual que la diputada Altamirano. Hoy pretenden ser magistrados del Poder Judicial en el que se debe impartir justicia para todos los jujeños”.
Por su parte, Alberto Nallar expresó: “soy un abogado independiente en la provincia, no milito en ningún partido ni en ninguna organización social. Simplemente me siento ultrajado por lo que considero un Golpe de Estado al Poder Judicial. La posibilidad que incrementen el número de miembros de la Corte implica lisa y llanamente la imposición de la voluntad del radicalismo ya que los cuatro nuevos integrantes son miembros de ese espacio político, al igual que la actual jueza Falcone, conspicua dirigente de la UCR de San Pedro”. “Se trata de una cooptación del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Lejos de haber independencia lo que se va a instalar en el décimo piso de este edificio, es un comité judicial radical. No es un Superior Tribunal de Justicia”, reclamó Nallar.
Además Nallar convocó a sus colegas a reflexionar sobre el tema y a actuar denunciando el delito de abuso de autoridad “que es un delito que comete el funcionario que viola la constitución y la ley. En este caso particular, han violado cuanto principio se podría haber establecido, como el principio republicano de la división de los poderes”, dijo.
