Redacción Perico Noticias // La reciente aprobación del Seguro Provincial de Salud (SEPROSA) en Jujuy ha desatado una ola de críticas que trascienden lo meramente político, señalando las profundas contradicciones jurídicas, económicas y sociales que contiene este proyecto de ley. Su implementación no solo pone fin a la gratuidad de la salud pública, sino que también desnuda las falencias de un oficialismo atrapado en la fantasía de un presupuesto inflado y un superávit ficticio.
Con críticas contundentes desde diversos sectores, como las diputadas Natalia Morales (PTS-FITU) y el exjuez federal Vicente Casas, queda en evidencia que esta ley representa un ataque directo a los derechos fundamentales, promoviendo un modelo de Estado abusivo y autoritario.
Cinco puntos irrefutables sobre la improcedencia del SEPROSA:
1. Inconstitucionalidad flagrante:
El SEPROSA viola de manera directa los principios establecidos en el artículo 42 de la Constitución Provincial de Jujuy y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantizan la salud como un derecho básico y universal. Al exigir cuotas que oscilan entre $30.000 y $50.000 por persona, la ley convierte un derecho en un privilegio, restringido a quienes puedan pagar o someterse a un sistema humillante de acreditación de vulnerabilidad económica.
- Comentario de Natalia Morales: “Es un golpe al derecho universal a la salud en beneficio del negocio privado.”
2. Un Estado abusador convertido en empresa:
El proyecto establece un sistema que obliga a los habitantes de Jujuy a pagar por servicios públicos que ya deberían estar garantizados con los impuestos. Este modelo de competencia desleal coloca al Estado como un actor mercantil, financiado por recursos públicos, que competirá directamente con las obras sociales privadas, gremiales y mutuales, amenazándolas de quiebra.
- Dr. Vicente Casas: “Es un intento de tapar baches financieros con el bolsillo de quienes menos tienen.”
3. Oscurantismo y falta de debate democrático:
El proyecto fue aprobado de manera apresurada, sin pasar por un tratamiento formal en la Comisión de Salud. Este proceder irregular demuestra la ausencia de un debate transparente y participativo, traicionando el mandato popular que confió en sus representantes para defender los derechos sociales y no para desmantelarlos.
- Natalia Morales: “Lo metieron por la ventana, lo impusieron sin debate.”
4. Una caja política encubierta:
La ley pone al Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) como autoridad de aplicación, una entidad ya cuestionada por su manejo discrecional de fondos. Este esquema refuerza la percepción de que el SEPROSA no busca solucionar problemas estructurales del sistema de salud, sino crear una nueva caja política que favorezca a sectores alineados con el oficialismo.
- Natalia Morales: “El manejo discrecional de los fondos del ISJ es una muestra del vaciamiento que se quiere justificar con esta medida.”
5. Un golpe a las familias vulnerables:
La ley obliga a los sectores más pobres a acreditarse como tales mediante un carnet que evidencie su “miseria”. Este sistema estigmatizante es una afrenta a la dignidad de los jujeños, mientras que las familias de ingresos bajos que no cumplan los requisitos para la exención serán arrastradas a la exclusión o endeudamiento.
Una intervención federal como última instancia
El SEPROSA no solo pone en riesgo la salud de los jujeños, sino que también abre la puerta a un conflicto institucional de gran escala. Con más de 300.000 jujeños rehenes de un sistema arancelado que no están obligados a pagar, se configura una violación directa de derechos constitucionales. Esto podría justificar la intervención del Poder Ejecutivo Nacional, amparado en el artículo 75 inciso 30 de la Constitución Nacional, que autoriza al Congreso a garantizar el goce de los derechos consagrados por la Carta Magna.
¿Por qué una intervención es necesaria?
- Para proteger los derechos humanos fundamentales. El derecho a la salud está amparado por la Constitución y tratados internacionales con jerarquía constitucional. La vulneración de estos derechos no puede ser tolerada en ninguna jurisdicción.
- Para evitar precedentes peligrosos. Si Jujuy logra instaurar un sistema que discrimina a los más vulnerables, ¿qué impide que otras provincias sigan el mismo camino?
- Para garantizar la equidad federal. La salud debe ser un derecho garantizado en todo el territorio nacional, sin importar la capacidad económica de los habitantes de cada provincia.
La decadencia del oficialismo y la traición al pueblo
El oficialismo jujeño, encabezado por el Frente Cambia Jujuy, muestra con esta ley su verdadera cara: un gobierno que declara un superávit ficticio mientras busca recursos desesperados para tapar baches financieros.
- Dr. Vicente Casas: “En nueve años de gestión, no han mejorado ni la salud ni la educación. Ahora pretenden cargar este costo sobre quienes no tienen cobertura, sin garantizar un servicio adecuado.”
Por otro lado, la actitud del Partido Justicialista (PJ), que respaldó este proyecto, representa una traición al mandato popular y los principios históricos de justicia social que alguna vez enarboló.
