Si los concejales no pueden hacer respetar su propia producción legislativa; “renuncien o devuelvan sus sueldos”

En Perico se vive una profunda incertidumbre gestada por la determinación de la nueva gestión decidida a incorporar a sus militantes, a costa de centenares de puestos de trabajo consolidados por dos ordenanzas y promulgadas por el ejecutivo anterior.

Recordemos que las plantas cuestionadas y los agentes públicos ascendidos a jornalizados, vienen cobrando, por lo cual están incluidos en la razonabilidad del presupuesto vigente asignado al municipio por la provincia.

Es lógico pensar que la nueva gestión posee todo el derecho de incorporar su staff político, pero entendiendo que los derechos adquiridos generan obligaciones y respeto, además la gestión recién llegada debe interpretar la calamitosa realidad en la que vive la argentina y adherir a las políticas que el gobierno de la nación desplegó en todo el territorio “Ley de Emergencia Alimentaria, DNU Emergencia Ocupacional, Ley de Emergencia Económica y Reactivación Productiva y el Régimen de Aumentos para los obreros que menos ingresos tienen, en este caso todo el segmento que camina al despido en Perico son indigentes, que deberían además de seguir empleados cobrar un incremento de 4.000 pesos, según la invitación que realizó el presidente de la nación Alberto Fernández a todos los municipios del país, ya que concretar el beneficio requiere de gestiones municipio-provincia.

En el Municipio de Perico, pasado el medio día, los agentes jornalizados se enteraron que eran eventuales, es decir perdieron la categoría conquistada tras años de esfuerzos, perdieron la obra social y los beneficios previsionales; además quedaron en las puertas del despido ya que impera un decreto que da por rescindidos los contratos al 31 de diciembre del 2019, les liquidarían los días hasta hoy trabajados y adiós.

Resolución irresponsable de Presidencia del CD

Toda la tensión del proceso de despidos que el Intendente Luciano Demarco anticipó, se sustenta no solo en sus dos decretos, sino en la reducción del CD a un mero espectador, el avance lo obtuvo a pesar de ser minoría el oficialismo en el cuerpo legislativo.

El día jueves 9 de enero, una resolución de presidencia echó por tierra la resolución que firmaron 6 concejales, donde rechazaban los decretos del Intendente en los que procedía a dar de baja a centenares de trabajadores. Se espera que la disposición de la Pte. del CD sea no solo observada, sino que su proceder generé una sanción, fruto del consenso de los ediles que se opusieron al decreto en su momento, o deberán recurrir a la justicia dado que sus actos son ignorados -no producen efectos-, para que la misma en principio reestablezca el orden en el terremoto institucional que se está activando.

Dada la complejidad social, la zozobra y la angustia por la que pasan centenares de familias municipales, una omisión del CD o de sus integrantes los harían cómplices de la extinción de la estabilidad laboral de más de 400 agentes municipales; por cuyos efectos, los concejales no merecen que el pueblo asuma el costo del incumplimiento de sus tareas.

¿Qué harán los concejales, también se opondrán a las políticas nacionales, dejarán en el desamparo a los trajadores o tronará el escarmiento?