“Supuestos cobros abusivos por inhumaciones COVID”

 “Supuestos cobros abusivos por inhumaciones COVID”

Demarco debe responder al Concejo

Perico 2020, 13 de agosto // En la segunda sesión virtual que realizó el Concejo Deliberante de la ciudad de Perico, el cuerpo aprobó un duro pedido de informe, donde el Poder Ejecutivo deberá despejar las denuncias realizadas por dolientes de víctimas del COVID, quienes afirman que pagaron excesivas sumas, muy por encima de las permitidas por la tasa municipal.

Las denuncias, que serán formuladas en la justicia, esperan la repuesta del ejecutivo, para contar con todos los elementos que permitan una argumentación irrebatible, ya que según sostiene el sector político que contuvo los reclamos, hay pruebas suficientes para acreditar la estafa de parte del municipio.

Por otra parte, se espera que el Intendente, responda sobre el nivel de gestión que realizó hasta la fecha para que la ciudad de Perico cuente con terrenos para el nuevo cementerio, recordemos que cuenta con dos ordenanzas que lo facultan (las ordenanzas están aprobadas para ser cumplidas), una de ellas de fecha 6 de enero del 2020 aprobada por sus propios concejales y aliados, la otra corresponde al año 2006, también de su conocimiento.

Entre los hechos, que no quedan claro, fuera del pedido de informe, es el atinente a un proyecto ingresado por el concejal Edgardo Sosa, para cambiar de objeto de un terreno cedido por la provincia al municipio, apoyado por los concejales de VIA; habiendo contado el intendente con 7 siete meses para ejecutar la gestión consignada en las ordenanzas Nº 422 y Nº 1361.

El propio Intendente, tras su triunfo electoral el 9 de junio del 2019, ya advertía el colapso del Cementerio, situación que su gestión iba a revertir, con la declaración de emergencia edilicia, y cumpliendo el mandato de la ordenanza Nº 422, ya conocida por su persona durante los dos períodos que fue concejal.

Sin embargo, pese a ser facultado por una ratificación (Ordenanza Nº 1361) durante su gestión, allá por el 6 de enero del 2020, el Intendente no se ocupó del trámite. Luego sobrevino la pandemia hecho que transformaba en un imperativo el trámite, pero tampoco lo realizó. En 10 días deberá explicar a la comunidad si hubo omisión, si padeció algún impedimento, los cuales no comunicó o el pueblo deberá interpretar “Desidia”.

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