Tabaco: Sospechas de corrupción llegan a hasta la administración de Fellner

 Tabaco: Sospechas de corrupción llegan a hasta la administración de Fellner

Ya había serías acusaciones en materia administrativa del FET, cuando el ex diputado nacional Miguel Giubergia (UCR), por dictamen del Ministerio de Agricultura a instancia de la justicia, sostuvo que la provincia omitió rendiciones de cuentas, acusando en esa oportunidad a Eduardo Fellner por ser el responsable político. Ahora desde todas las provincias tabacaleras se levantaron quejas por los abusos de un grupo de dirigentes de la cooperativa de Jujuy. El informe de la Secretaría de Agricultura alertó una posible administración fraudulenta y asociación ilícita, por autocompra irregular; modificación discrecional de los promedios,  ejecutando una operación comercial punible. Esta acusación, podría merecer la intervención de la justicia federal. La cuestionada mecánica comercial ahora es una papa caliente para el gobernador si avanza en la aprobación de los fondos (POA) con fines dudosos promovidos por el Ministro Gabriel Romarovsky, cuyo objeto inicial ha caducado ya que la campaña esta en pleno desarrollo y supuestamente era un programa para dar inicio a la misma por parte de productores vulnerables. Las acusaciones por discrecionalidad, abuso de autoridad y privilegios que se practican en cooperativa, desde  la impunidad que permite hasta ahora el Gobierno de Jujuy, ponen a Eduardo Fellner en el centro de la tormenta, el cual podría ser alcanzado por el efecto Niembro.

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28|09|15 || San Salvador de Jujuy || El Fondo Especial del Tabaco, es un complemento del precio de la producción tabacalera y se paga en función del volumen y la calidad producida en una asignación mensual para los productores de las siete provincia productoras. Los giros son regulares en todas las provincias menos en Jujuy, con ajustes que varían de acuerdo a la participación por producción en el orden nacional, como por el precio de los cigarrillos, ya que se destina el 7% de la recaudación para integrar el fondo de los productores.

El FET es un sistema parecido a “la maquila”; en el cual el cañero entrega su producción (materia prima) al ingenio y este le devuelve azúcar. En la actividad tabacalera se entrega tabaco semi industrializado a los acopios de la industria y esta, tras el proceso de comercialización devuelve el complemento de precio en dinero asignado según la ley 19.800 y sus modificaciones –Ley 25.465 –art. 28: el FET será distribuido en las provincia productoras de tabaco, aplicando en forma automática los respectivos coeficientes, que se determinan por el valor de la producción de cada provincia…

Se realiza este proceso, porque entregar cigarrillos a todos los productores haría imposible sostener un mercado debidamente regulado, ya que uno de los actores centrales del sistema recaudatorio es el estado que obtiene casi el 60% de manera pasiva mediante la carga tributaria, que deja en sus manos casi $30.000 millones de pesos anuales.

El FET del tabaco posee protocolos para evaluar los montos de compra (Patrón Tipo/Grade Index), los cuales a demás del volumen, consideran la calidad; en este sentido se objeta que en el acopio de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy hubo de parte de algunos productores que son dirigentes o amigos, según altas fuentes del MiAgri; entregas de alta calidad, rompiendo las reglas de la naturaleza del tabaco Virginia, por mas buenas prácticas agrícolas que se argumenten; la elevación de los promedios (Grade Index) lógicamente significa mayores retornos por parte del FET a unos privilegiados.

En este sentido la observación oficial, a la cual adhieren las provincias es razonable, por lo cual el gobernador que es la autoridad política e institucional máxima, que fue consultado por el Ministro Romarovsky para dar curso a un Programa aplicado a supuestos productores vulnerables, sería irregular, ya que hay adulteración en los registros de acopio lo que distorsiona la redistribución, con lo cual se consolidad un acto de corrupción en términos administrativos que debería tener al estado como órgano de control, no como cómplice.

En la antesala de un gobierno en retirada, en tiempos calientes en materia electoral, sería prudente que no se tomen medidas cargadas de observaciones que constituyan precedentes negativos ante un inexorable cambio de gobierno.

Sin embargo, existe otro punto que si merece la intervención del Ministro Gabriel Romarovsky y del gobernador de la provincia, además de poner en línea las conductas en la administración de cooperativa, nos referimos a la urgente regularización de uno de los programas atrasados (el de $64 millones de pesos) que duerme desde hace dos meses en la Secretaría de Agricultura de la Nación, donde esta demorado por omisiones deliberadas del Ministerio de la Producción de Jujuy.

El incumplimiento genera que los productores padezcan injustamente la falta de sus  recursos para el desarrollo normal de la campaña, indolente comportamiento del gobierno  para generar crisis que destruyen el tejido social de los valles.

Es lamentable esta desidia, ya que los fondos están disponibles, y los productores auténticos propietarios de los recursos son atacados al ser limitados en su capacidad financiera para sostener sus actividades agrícolas; mientras el ministro incurre en los delitos tipificados como administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionarios público (Art. 173-Inc 7°; 260 y 248 del CP respectivamente).

El ministro junto al gobernador además deben reclamar al MinAgri que se aplique de inmediato el coeficiente de participación, el cual aumento cinco puntos en la campaña 2014/15, a casi un 43% de la producción nacional.

Hasta ahora se vino distribuyendo con el coeficiente de la campaña anterior con lo cual provincias como Salta estuvieron recibiendo cinco puntos por arriba, ya que en esta última campaña produjeron menos por factores climáticos adversos, quedando un saldo que no supera para esa provincia los $180 millones de pesos.

Es decir a Jujuy le cabe recuperar cinco puntos no contemplados en los primeros seis meses, además del saldo real cercano a los $750 millones que se deben asignar en lo que queda de la campaña.

La voz racional que surge desde la mayoría de los productores, es que dada las circunstancias lamentables que afectan al sector agrícola, las autoridades no se deberían poner en el rol de “creativos” con los fondos de los  productores, por el contrario deberían observar que su vecina provincia a dictado medidas de urgencia, la cual bien merecen los productores jujeños.

Deberían solicitar exenciones en materia de impuestos, devolución de los fondos excesivamente retenidos, suspensión del IB provincial, refinanciación a tasa 0 de créditos y pasivos bancarios; detención de ejecuciones, y la declaración de emergencia.

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