En una provincia de frontera, donde el narcotráfico busca infiltrarse en barrios, escuelas y economías familiares de cada ciudad en la provincia de Jujuy, el intendente Luciano Moreira decidió no administrar el problema: lo enfrentó. En el Ministerio de Seguridad, pidió más respuesta operativa, confirmó la llegada de nuevas alarmas comunitarias y exigió la aplicación de la Ley de Derribo de Bunkers. El mensaje político es uno solo: Monterrico no negocia su futuro.