Jujuy no padece solo la pobreza de la falta: padece también la pobreza de la administración del fracaso. Una es estructural —modelo nacional/provincial/municipal que no hace despegar economías regionales—. La otra es política: una maquinaria vieja, opaca y ritualista que consume recursos y tiempo sin producir empleo genuino, productividad ni transparencia. El resultado es una provincia que no se “recupera”: se acostumbra.
En Jujuy, la macro no baja al barrio. Los gastos fijos siguen trepando, el consumo se enfría y la paciencia social se acorta. En ese escenario, la política administra parches mientras la gente, cansada, empieza a castigar en las urnas sin esperar explicaciones.
La canasta ya supera el millón doscientos mil y en Jujuy la economía de servicios, la informalidad y el consumo planchado dejan a miles de hogares en “modo supervivencia”. La discusión ya no es inflación: es ingreso que no alcanza.
En Jujuy, el “manual libertario” choca con la realidad: la prioridad social es salario y jubilación, no achique del Estado ni dolarización. Con gastos fijos en alza y señales de mayor mora, la provincia reclama recomposición del ingreso para reactivar comercios y servicios.
En Jujuy, 6 de cada 10 hogares ya recortaron gastos y febrero llega con tarifas que pueden quebrar consumo y empleo. Sin crédito local, compras públicas y un plan energético de contención, la política administra recesión y empuja a la provincia al “modo supervivencia”.
Más del 60% de los hogares recortó gastos y el consumo se retrae. Con la demanda en caída, cierran negocios y se achica el empleo formal. La política enfrenta una disyuntiva: plan productivo con crédito y recomposición del ingreso, o primarización y supervivencia.
Mientras a nivel nacional los servicios públicos se dispararon en promedio +461% en la era Milei, en Jujuy el golpe se siente como una doble pinza: suben las boletas y, al mismo tiempo, la Provincia reacciona tarde y a medias. El resultado es una clase media exprimida, una economía que se enfría y una bronca que ya no entra en el buzón de reclamos.
La pelea por el capítulo de Ganancias dentro de la reforma laboral ya tiene número propio en Jujuy: $42.838 millones de pérdida estimada en 2026. Con ese agujero, el gobernador Carlos Sadir quedaría atrapado entre dos salidas de alto costo social: subir impuestos provinciales o recortar transferencias y empujar a los municipios a subir tasas, en una economía que ya trabaja al límite.