Mientras el Gobierno vende “modernización laboral”, el verdadero corazón del proyecto es otro: poner un tope a las indemnizaciones de los nuevos contratos, en un texto redactado por el estudio de Funes de Rioja, histórico abogado de las patronales industriales. La política se subordina: los gobernadores negocian caja, los estudios privados escriben las leyes y el costo lo paga el trabajador argentino.