Tras la sanción del Presupuesto 2026, la Casa Rosada prepara un verano legislativo con reformas “estructurales” (laboral, previsional, tributaria) y, en paralelo, un giro más filoso: penalizar el gasto “irregular” y blindar por ley la disciplina fiscal. En ese paquete ya circula una figura concreta: penas de prisión (1 a 6 años) e inhabilitación para funcionarios que modifiquen o incrementen gastos sin recursos presupuestarios acreditados, una herramienta que busca “atar” a provincias e intendencias a la austeridad extrema. En Jujuy, esto abre el verdadero debate de 2026: no si habrá ajuste —eso ya está escrito— sino cuánto de la autonomía provincial y municipal se entrega en nombre del déficit cero.