Perico atraviesa una coyuntura fiscal y social asfixiante: más de 2.200 empleos públicos (incluidos funcionarios) que demandan más de $2.000 millones por mes, caída del consumo, comercios al borde del cierre y un nuevo frente de incertidumbre por la reforma laboral nacional que podría recortar transferencias a los municipios. Sin embargo, el Concejo Deliberante y el Ejecutivo convocan a una sesión especial para discutir algo que ya está reglamentado (bién o mal): la ordenanza vigente que zonifica y prohíbe que el corso se realice sobre Avenida Belgrano, arteria clave de la ciudad.
La pelea por el capítulo de Ganancias dentro de la reforma laboral ya tiene número propio en Jujuy: $42.838 millones de pérdida estimada en 2026. Con ese agujero, el gobernador Carlos Sadir quedaría atrapado entre dos salidas de alto costo social: subir impuestos provinciales o recortar transferencias y empujar a los municipios a subir tasas, en una economía que ya trabaja al límite.
Mientras la energía, los impuestos y las tasas financieras destrozan la estructura de costos de cualquier pyme, el Gobierno insiste en que el problema son los derechos laborales. La nueva reforma laboral no solo no va a crear empleo: va a destruir el aparato productivo y a empujar a millones de trabajadores a la precariedad, financiando despidos con plata de jubilados.
La inflación volvió a tomar impulso pese al súperávit fiscal y al dólar atrasado, el Gobierno sale a buscar dólares en los mercados para pagar vencimientos mientras las reservas siguen en rojo, y la reforma laboral que impulsa Milei admite que no creará empleo en plena recesión: un combo explosivo que pone en crisis la credibilidad del plan económico libertario y enfría los ánimos de sus votantes, también en Perico y el NOA.
La reforma laboral de Javier Milei, presentada a toda velocidad tras su regreso de Oslo, no resuelve el problema de fondo del empleo: en lugar de impulsar crecimiento y productividad, limita el derecho de huelga, crea un fondo tipo AFJP para indemnizaciones, precariza a trabajadores de apps y busca blindar salarios a la baja en una economía recesiva, trasladando el ajuste sobre los derechos laborales.
Este miércoles, el paro nacional convocado por ATE no puede leerse sólo como un “no” a la reforma laboral. Es también una invitación a pensar en serio el futuro del trabajo en la Argentina: cómo generar empleo genuino, cómo conservar los puestos que existen y cómo mejorar las condiciones laborales en medio de una depresión económica que castiga a trabajadores, jubilados, pymes y monotributistas. Si la política sólo discute quién ajusta más rápido, la jornada de reflexión de hoy es una oportunidad para poner sobre la mesa otro rumbo.
La reforma que Argentina necesita no empieza en tribunales laborales sino en las aulas y en las fábricas-escuela: educación útil, empleo formal y una reforma que acompañe —no que reemplace— un plan nacional de trabajo digno para todos.