Tarifazo en la provincia solar: Jujuy paga la luz plena mientras Cauchari no trae soberanía energética

A partir del 1° de enero de 2026, el Gobierno nacional pondrá en marcha un nuevo régimen de subsidios energéticos que, en los papeles, busca “focalizar la ayuda”; en la práctica, implica subas muy fuertes en las boletas de luz, gas y garrafa para millones de hogares.

El esquema elimina la histórica segmentación N1, N2 y N3 y la reemplaza por dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio. Los primeros, si cumplen con el filtro de ingresos y patrimonio (menos de 3 canastas básicas), recibirán una bonificación base del 50% sobre la energía consumida. Pero esa bonificación ya no se aplica a toda la factura, sino a un bloque limitado de consumo:

• 300 kWh mensuales en meses de mayor demanda (verano e invierno).
• 150 kWh mensuales en meses templados (otoño y primavera).

Todo lo que consuma por encima de ese bloque se pagará a precio pleno. En gas, el recorte es todavía más severo: el 50% de subsidio solo rige entre abril y septiembre; entre octubre y marzo prácticamente no habrá subsidio base para hogares residenciales.

Habrá una transición “amortiguada”: en enero 2026 se suma un 25% extra de bonificación que lleva el subsidio de la luz al 75%, pero ese plus se irá reduciendo mes a mes hasta desaparecer en diciembre. Es decir, el tarifazo está escrito de antemano en el decreto.

Jujuy: tarifa caliente en una provincia fría y pobre

En el mapa argentino del ingreso, Jujuy está entre las jurisdicciones con salarios más bajos, mayor informalidad y alta incidencia de la pobreza. Al mismo tiempo, en buena parte del territorio –Puna, Quebrada, zonas rurales– el clima exige mayor consumo de energía para calefacción y supervivencia, no para “lujo”.

Sin embargo, jujeños y jujeñas pagarán las tarifas bajo el mismo marco nacional que un departamento en Palermo o un PH en Nordelta. El nuevo esquema no contempla:

• El costo adicional de vivir en la altura y el frío.
• La menor capacidad de pago promedio de la provincia.
• La situación de miles de hogares que dependen de garrafa y gas envasado para cocinar y calefaccionarse, donde también se recorta la protección actual.

La ecuación es simple y brutal:
menos subsidio + más costo pleno + menos ingresos = más pobreza energética.

En Jujuy, esto significa elegir entre calefacción y comida; entre pagar la luz o cortar otros gastos básicos. Todo en una provincia que, paradójicamente, fue vendida al país como vanguardia de la energía limpia gracias a un emblema: el parque solar Cauchari.

Cauchari: ¿soberanía o deuda maquillada de “energía verde”?

En el relato oficial, Cauchari es un “hito histórico”:

• 300 MW de potencia instalada.
• Cerca de 1 millón de paneles solares en 800 hectáreas de la Puna.
• Producción estimada en torno a 660–690 GWh al año, que equivale al consumo eléctrico de toda la provincia.

Sobre el papel, suena a epopeya. Pero cuando se corren las placas solares y se miran los contratos, aparece la otra cara:

• El proyecto se financió con crédito del Exim Bank de China (más de 330 millones de dólares) y un Bono Verde emitido en Wall Street por 210 millones de dólares, con tasa del 8,625% anual.
• Diversos análisis privados –como los del abogado Juan Giusti– concluyen que, descontando costos de operación, gerenciamiento, intereses y devolución de la deuda, la provincia terminaría perdiendo más de 170 millones de dólares a lo largo del proyecto.
• Para hacer frente a esos compromisos, se recurrió a mecanismos como el llamado “bono verde” descontado sobre los salarios estatales, lo que implicó una caída del poder adquisitivo de los trabajadores públicos jujeños de hasta 35–50% en términos reales durante los años de mayor ajuste.

En criollo:
Cauchari fue financiado por el pueblo jujeño con deuda cara y salarios licuados.

¿Y qué recibe hoy ese mismo pueblo a cambio, frente al tarifazo 2026?

• No tiene tarifas diferenciales por ser provincia generadora.
• No posee control real sobre el precio al que se vende la energía a CAMMESA.
• No goza de una soberanía energética efectiva: la luz producida en la Puna se integra al Sistema Interconectado Nacional y vuelve a la provincia a precio nacional más impuestos y cargos locales.

Cauchari generó dólares, sí. Pero buena parte de esos flujos se destinan a servir la deuda externa y no a abaratar la boleta del vecino de Alto Comedero, de Libertador o de Abra Pampa. Para la familia jujeña que mira la factura en enero, Cauchari es un paisaje lejano que no le baja ni un peso a la tarifa.

¿Aventura tecnológica o política pública que cerró con el pueblo como perdedor?

Seis años después del anuncio, el balance de Cauchari es incómodo:

• Tecnológicamente, el parque funciona y produce energía limpia.
• Financieramente, los informes críticos señalan un negocio ruinoso para la provincia, que asume deuda y riesgo mientras terceros capturan la renta.
• Socialmente, los jujeños no perciben beneficios tangibles en su factura de luz ni en su calidad de vida.

En ese contexto, la pregunta ya no es técnica sino política:

¿Fue Cauchari una apuesta estratégica al desarrollo de largo plazo
o una aventura financiera y de marketing verde, pagada por el pueblo para lucimiento de unos pocos?

La respuesta se vuelve más dura cuando se la cruza con el nuevo esquema de subsidios: los mismos jujeños que financiaron el parque ahora enfrentarán tarifas más altas, sin red de contención, en una provincia cuyo salario promedio está muy por debajo del AMBA.

El doble castigo: pagan la deuda de Cauchari y el tarifazo de Milei

Jujuy queda atrapada en una pinza:

1. Por un lado, deuda en dólares y compromisos financieros derivados de Cauchari, que condicionan el presupuesto provincial por años.
2. Por otro, un régimen nacional de subsidios que reduce al mínimo la cobertura y traslada crecientes porciones del costo de la energía a los hogares.

La combinación es explosiva:

• Suben tarifas.
• No baja la pobreza energética.
• No mejora la soberanía ni la autonomía provincial.
• Y la promesa de “vivir de la energía limpia” se parece cada vez más a un eslogan vacío para los barrios populares de San Salvador, Perico, El Carmen o La Quiaca.

Lo que debería exigir hoy la sociedad jujeña

Ante este cuadro, no alcanza con lamentarse por el tarifazo. Jujuy tiene autoridad moral para plantear, con firmeza, al gobierno nacional y a su propio gobierno provincial:

1. Tarifa diferencial para provincias generadoras
   Si Jujuy aporta energía limpia al sistema, debe haber una compensación concreta en la factura de sus hogares y pymes, no solo en discursos sobre “ejemplo mundial”.
2. Transparencia total sobre Cauchari
   • Publicar de forma detallada flujos de caja, deudas vigentes, intereses pagados y ganancias netas del proyecto.
   • Explicitar qué parte de esos ingresos se traduce en alivio tarifario o inversión social en la provincia.
3. Plan de protección frente al tarifazo 2026
   • Tarifa social provincial reforzada para sectores de muy bajos ingresos.
   • Programas de eficiencia energética y recambio de artefactos para reducir consumo sin bajar calidad de vida.
   • Acuerdos con distribuidoras para evitar cortes masivos por morosidad mientras dure la recesión.

El Gobierno nacional decidió que en 2026 se termina la era de los subsidios masivos y que los hogares deberán acostumbrarse a pagar “el costo real” de la energía. Jujuy, mientras tanto, ya conoce demasiado bien lo que es pagar costos reales: deuda, salarios licuados, pobreza y ahora tarifas en alza.

En una provincia que encendió el mayor parque solar del país pero no puede garantizar que su gente prenda la estufa sin miedo a la boleta, la consigna empieza a sonar inevitable:

sin soberanía tarifaria y sin beneficios concretos para el pueblo,
Cauchari deja de ser un orgullo jujeño para convertirse en la factura más cara de la historia.