Temer advierte que el narcotráfico es un poder «por fuera del Estado»

 Temer advierte que el narcotráfico es un poder «por fuera del Estado»

Tras decir que la muerte de casi 100 presos en una semana en cárceles brasileñas era un «accidente trágico», el presidente ahora habló de una «matanza pavorosa» y admitió que es un problema grave.

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Primero lo atribuyó a un “accidente trágico”. Pero ahora, el presidente Michel Temer entiende que el saldo de 100 presos muertos en una semana, en los presidios de Brasil, fue una “matanza pavorosa”. Y también que existe una relación directa entre las revueltas y la guerra entre los grandes carteles de la droga. En un discurso pronunciado este miércoles en el Palacio del Planalto dijo que estas organizaciones delictivas constituyen un poder “por fuera del Estado” y “con leyes y códigos propios”.

Según Temer, este “descubrimiento” llevó a su gobierno a entender que “esta cuestión sobrepasa los limites de la seguridad y preocupa a la nación como un todo”. La primera reacción del jefe del Ejecutivo, cuando ocurrieron las dos masacres, fue zafar de la responsabilidad. Para él y su ministro de Justicia, Alexandre de Moraes –quien hoy está en el ojo de una tormenta que le puede costar el cargo- la culpa era esencialmente de los estados provinciales, que tienen a su cargo el manejo de las cárceles. Hoy la tesis cambió: “En este momento, la realidad que vivimos no exige naturalmente la construcción de presidios. Cuanto menos para asegurar una condición menos inhumana para los detenidos. Hay penales donde solo caben 600 personas pero albergan hasta 1.600”.

Para el Grupo de Combate al Delito Organizado (GAECO), hay una relación directa entre las rebeliones de la semana pasada en las prisiones y la guerra entre los dos carteles principales: el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Rojo (CV). La disputa entre ambos grupos, después de años de una alianza, sobrevino cuando el CV realizó “acuerdos” con facciones regionales, para impedir que los paulistas se convirtieran en “hegemónicos” en el manejo del tráfico de drogas. El PCC es una mafia nacida y desarrollada en el estado de San Pablo que hoy tiene presencia en todo el territorio brasileño y “filiales” en países vecinos como Perú, Colombia, Venezuela, Paraguay, Bolivia y Argentina.

“La alianza inicial se daba como una manera de protegerse mutuamente. Pero luego evolucionó hacia el control de las rutas de la droga y del contrabando de armas”, indicó un fiscal del Grupo de Combate al Delito Organizado (GAECO). En precisiones al diario O Globo, el experto reveló que la unión entre las dos facciones “se reflejó en la pacificación en algunos estados brasileños y dio resultados económicos positivos para ambas facciones”. Pero de pronto el Comando Rojo decidió entrelazarse con otras mafias locales como la Familia del Norte, el Bondi de los 40 y el Primer Grupo Catarinense (de Santa Catarina).

Las descripciones del Gaeco no son nuevas. Por el contrario, se conocen desde hace un buen tiempo. Solo que Temer y su gobierno estaban con preocupaciones muy distantes cuando acontecieron las rebeliones. Al punto que en noviembre del año pasado, puestos al tanto por el gobierno estadual de Roraima de que allí podría ocurrir un desastre carcelario, el ministro de Justicia Moraes decidió mirar para otro lado y respondió que no había condiciones para una ayuda desde Brasilia.

Los del Gaeco no son los únicos que advierten la gravedad de los hechos ocurridos la semana anterior, con un saldo de 65 muertos en Manaos y de 33 en Boa Vista. Este miércoles, la Asociación de Magistrados de Brasil (AMB), la entidad más importante de los jueces del país, sostuvo que “hay un riesgo real de un control del Estado por organizaciones delictivas”. Una descripción precisa que, en este caso, apuntaba además contra la liberación “indiscriminada” de presos por delitos de drogas y otros. Indicó que si esta era la “metodología” para resolver la “superpoblación” carcelaria, esto dará en poco tiempo un dominio de los cárteles sobre las propias instituciones brasileñas. “Si cada rebelión en un establecimiento penal obliga a soltar a los presos en forma indiscriminada, las organizaciones delictivas habrán obtenido un control definitivo de las unidades carcelarias”. Esta polémica tomó cuerpo los últimos días dentro del propio sistema judicial.

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