Un Aiphone 13: el precio de la democracia en Perico

Redacción Perico Noticias // Las recientes declaraciones de un concejal de la UCR en Perico han dejado al descubierto una práctica que muchos sospechaban, pero que pocos se atrevían a señalar abiertamente: la compraventa de votos dentro del Concejo Deliberante. Según sus propias palabras, ofreció a un colega un Aiphone 1,3 a cambio de su apoyo para ser presidente del cuerpo legislativo. La confesión, que podría parecer un exabrupto o un arrebato de sinceridad, no solo evidencia la corrupción enquistada en la política local, sino que también desnuda el funcionamiento de un sistema que ha normalizado la ilegalidad como método de negociación política.

El cohecho, en términos penales, no es solo una transacción entre privados, sino un atentado contra la institucionalidad. En este caso, un concejal que ofrece un beneficio económico o material a otro a cambio de su voto está incurriendo en el delito de cohecho activo, mientras que aquel que lo acepta, en cohecho pasivo. Ambos delitos están tipificados en el Código Penal y conllevan penas que incluyen la inhabilitación para ejercer cargos públicos y prisión efectiva. Pero más allá de la sanción jurídica, la gravedad del hecho radica en lo que revela sobre la calidad democrática del Concejo: si un edil se siente con la impunidad suficiente para hacer público un intento de soborno, ¿cuántos otros acuerdos turbios se han sellado entre bambalinas sin que nadie lo sepa?

El escenario político de Perico no es ajeno a la crisis de representación que atraviesa el país. La oferta de un Aiphone por un voto presidencial en el Concejo sugiere que la moneda de cambio en la política local no es la ideología ni el compromiso con los ciudadanos, sino un objeto de consumo que, en este caso, redujo la democracia a un valor de mercado de poco más de $1.400.000. ¿Cuántas decisiones han sido compradas con métodos similares en los últimos años? ¿Cuántos proyectos de ordenanza se han aprobado no por convicción, sino por conveniencia?

El Código Procesal Penal de la Nación es claro en su artículo 177: todo funcionario público que tenga conocimiento de un delito está obligado a denunciarlo. Esto coloca a los demás concejales en una encrucijada: si no inician las acciones correspondientes, podrían ser cómplices por omisión y quedar expuestos al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. En paralelo, el Ministerio Público Fiscal debe intervenir de oficio, ya que el cohecho es un delito de acción pública. La Fiscalía de Estado, aunque generalmente vinculada a la defensa del fisco, también tiene margen de actuación si se prueba que esta práctica sistemática ha afectado la institucionalidad del municipio.

Si el Concejo no actúa con la firmeza que la situación amerita, estará enviando un mensaje peligroso: que la compraventa de votos es una práctica aceptable dentro del sistema democrático de Perico. La suspensión y eventual destitución del edil involucrado no solo es un acto de justicia, sino una medida urgente para frenar la degradación institucional. De lo contrario, el precedente que se sienta será devastador: el próximo presidente del cuerpo podría llegar al cargo no por mérito, sino por el tamaño de la billetera o la capacidad de entregar prebendas a sus pares.

La política, cuando se convierte en un simple intercambio de favores y objetos de consumo, pierde toda legitimidad. La pregunta que queda abierta es si Perico está dispuesto a tolerar este nivel de cinismo o si, por el contrario, marcará un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción. Lo cierto es que el precio de la democracia en Perico ha quedado establecido en un teléfono celular. Ahora, depende de la ciudadanía decidir si está dispuesta a pagar ese precio o si exigirá que el voto de sus representantes valga más que un dispositivo electrónico.