USA incluyó a Boudou en su informe sobre la corrupción en la Argentina
El vicepresidente, Amado Boudou, fue mencionado en el último informe sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina, que elabora el Departamento de Estado de USA, considerado como el trabajo internacional «más abarcador y sólido» en la materia. El documento realiza a la vez un duro diagnóstico sobre nuestro país y enumera varios casos de limitaciones a la prensa.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- En su peor momento y después de que Cristina Fernández decidiera cambios en la línea de sucesión presidencial (Gerardo Zamora reemplazará a Beatríz Alperovich en la presidencia provisional del Senado) atenta a su situación judicial, Amado Boudou fue mencionado en el último informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de USA.
El documento, menciona al vicepresidente entre los funcionarios que están sometidos a un extenso proceso de investigación por «enriquecimiento ilícito» y «tráfico de influencias«, en relación a las dos causas que se siguen a Boudou por el incremento de su patrimonio y la causa por la ex Ciccone, donde podría ser llamado a indagatoria a mediados de año cuando culmine la ronda de testigos, que podrían complicarlo más especialmente si se tiene en cuenta que en el 1er mes tras la feria judicial, las hija de Héctor Ciccone lo comprometieron aún más en la supuesta reunión donde el ex Ministro de Economía habría hablado sobre la venta de la empresa gráfica familiar.
En el plano institucional, el Departamento de Estado no olvida los desplazamientos de funcionarios judiciales que provocó el vicepresidente recuerda en su intento de demorar o impedir el proceso judicial en su contra.
La mención de Boudou se completa con varios casos de corrupción y ataques a la prensa. También se recuerda al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Además, advierte sobre la falta de independencia judicial y de garantía procesal, así como sobre presiones y atropellos oficiales contra la prensa independiente, indicó el diario La Nación que tuvo acceso al informe.
«La legislación argentina contempla sanciones para los casos de corrupción de sus funcionarios, pero hay múltiples reportes sobre casos que involucran a agentes tanto del Gobierno como de los poderes Legislativo y Judicial, que quedan amparados por la impunidad y que sugieren una incapacidad para hacer valer la ley con ellos«, denucnia el documento.
Presentado anualmente como el informe internacional «más abarcador y sólido» sobre derechos humanos, la nueva edición del documento que anualmente elabora el Departamento de Estado advierte sobre las presiones del gobierno argentino contra la prensa independiente y la violación de la norma judicial que lo obliga a distribuir equitativamente la pauta oficial de publicidad.
Sin mencionarlos por sus nombres, el texto recuerda que los «dos diarios más importantes» recibieron apenas el 1% de ese paquete, con la particularidad de ser «críticos» del Gobierno, mientras que los que están en su sintonía fueron premiados con un caudal superior al 45%, pese a su reducido alcance en lectores.
Recuerda también el llamado «boicot publicitario» contra los diarios críticos y los indicios de que la medida fue ordenada por el gobierno de Cristina Kirchner, si bien ello no fue admitido jamás en forma pública. «Los diarios perdieron el 70% de sus ingresos» por ese concepto, señala el informe.
El documento dado a conocer en esta ciudad refleja especialmente las presiones y amenazas contra periodistas independientes y recuerda en ese sentido no sólo la expulsión de Juan Miceli del canal de televisión oficial, sino también el «descrédito» al que se intentó someter su nombre por parte de colegas que seguían trabajando en esa emisora oficial.
El informe se hace eco de la acusación de «asesino mediático» y «sicario» que el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, le dedicó al periodista Jorge Lanata, conductor de un taquillero programa periodístico de televisión que abundó en casos de denuncia de corrupción oficial.
A un día de la apertura del período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, donde Boudou secundará a Cristina al frente de la Asamblea Legislativa, la difusión de este documento genera más presión sobre la figura del hombre que debe reemplazar a la Presidente ante cualquier ausencia en el Poder.
