Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron este miércoles 7 de enero la incautación de un petrolero con bandera rusa en el Atlántico Norte, sancionado por Washington y perseguido durante más de dos semanas desde que zarpó de Venezuela. Según el reporte oficial, el operativo fue una acción conjunta entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y personal militar estadounidense, coordinada en la región por el Mando Europeo de EE.UU. (EUCOM), que comunicó la medida en una publicación en X.
De acuerdo con fuentes citadas por Reuters, el buque —conocido originalmente como Bella 1 y rebautizado Marinera— habría sido escoltado en el trayecto por un submarino ruso, en un episodio que marca un salto cualitativo en el conflicto por el control de las exportaciones de crudo venezolano. La operación se realizó luego de que el petrolero lograra eludir el bloqueo marítimo estadounidense en el Caribe y rechazara intentos previos de abordaje por parte de la Guardia Costera estadounidense.
La incautación se efectuó bajo el argumento de violación de sanciones estadounidenses. En Moscú, la reacción fue inmediata: Rusia calificó el procedimiento como ilegal y un legislador lo describió como “piratería”, enmarcando el hecho en una disputa abierta por la aplicación extraterritorial de sanciones en aguas internacionales. En el mismo clima, el episodio se suma a otras acciones recientes de Washington para bloquear el flujo energético venezolano, incluyendo el seguimiento y detención de otros buques vinculados a esa ruta comercial.
Más allá del caso puntual, el mensaje geopolítico es contundente: cuando un país con capacidad militar decide convertir sanciones en interdicción real, el mar deja de ser “ruta” y pasa a ser frontera operativa. Y cuando el pabellón involucrado es ruso, el incidente deja de ser técnico: se convierte en precedente.
