El aguinaldo que no fue

Perico Noticias, 21 de enero del 2026 // Hay termómetros sociales que no necesitan grandes teorías: alcanzan unos números crudos para mostrar dónde aprieta el zapato. En una encuesta reciente (una muestra de 1.810 casos), el 54,03% respondió que destinará el aguinaldo a pagar deudas. Recién después aparecen vacaciones (13,48%), refacciones en casa (11,71%), ahorro (9,56%), otros (7,18%) y comprar mercadería (4,20%). El dato no es estadística fría: es un espejo. Y devuelve una imagen dura: el aguinaldo, que nació como alivio y mejora de vida, se evaporó en compromisos atrasados.

A esto se suma una realidad extendida que ya no se puede maquillar con discursos: 9 de cada 10 jujeños están endeudados. Endeudados no por “capricho de consumo”, sino por supervivencia. Porque cuando el ingreso pierde contra la inflación, cuando el empleo es precario o intermitente, cuando la changa reemplaza a la estabilidad, la deuda se vuelve un puente frágil para llegar a fin de mes. Y un puente que se cobra peaje: intereses, punitorios, refinanciaciones, vergüenza silenciosa y angustia familiar.

En ese contexto, resulta inevitable mirar con preocupación el anuncio oficial —con bombos y platillos— de beneficios fiscales para empresas que facturan más de 3.000 millones anuales, presentado como si fuese la gran llave para revertir desempleo y precarización en Jujuy. La intención de aliviar costos en el sector formal no es, por sí misma, un pecado: muchas empresas, aun con alta facturación, están ahogadas por costos elevados y por una economía enfriada, con consumo en caída y márgenes estrechos. Pero la política pública se juzga por su impacto real, no por su marketing.

Y el impacto probable es otro: ese alivio no garantiza inversión en Recursos Humanos. Con racionalidad empresarial —lícita y esperable— el capital buscará eficiencia: tecnología, automatización, reingeniería de procesos. En un país donde vender es difícil, el incentivo natural es “hacer más con menos”. No por maldad, sino por lógica de rentabilidad. Por eso, cuando el Estado orienta beneficios hacia los “grandes jugadores” sin un diseño de contraprestaciones claras, termina subsidiando productividad sin empleo, y profundiza la brecha entre los que tienen espalda y los que están al borde.

El punto más grave es la omisión: quedó afuera el grueso de la actividad económica jujeña, el eslabón más débil y, sin embargo, mayoritario: pymes, comercios barriales, monotributistas, emprendedores, cooperativas, prestadores de servicios, economías regionales. Los que generan trabajo de cercanía. Los que sostienen barrio y comunidad. Los que no facturan miles de millones, pero cargan la economía real en los hombros. Es una paradoja de mal gusto: cuando el agua escasea, se riega primero el jardín de los que ya tienen cisterna.

Aquí conviene decirlo con calma, pero sin vueltas: las empresas no están para hacer caridad. Su obligación es ser viables, competir y producir. Pero el Estado sí tiene un mandato moral y político: cuidar el bien común, ordenar prioridades, proteger a los más frágiles, y diseñar un ecosistema donde la economía de menor escala pueda formalizarse, crecer y contratar. En Jujuy, la sequía es temeraria: la vemos en el mostrador vacío, en el alquiler que no cierra, en el crédito que muerde, en el colectivo de madrugada lleno de trabajadores que no llegan a juntar un salario digno.

Y aparece entonces la pregunta que recorre las mesas familiares: ¿de qué sirve el superávit si no mejora sueldos, si no optimiza el Estado, si no se traduce en dignidad concreta? Cuando el ajuste se vuelve permanente y el alivio se concentra, la sociedad percibe —con razón— una transferencia que duele: beneficios para sectores con poder de lobby, mientras las mayorías pagan impuestos para sostener una estructura política que no entrega soluciones proporcionales al esfuerzo ciudadano.

No se trata de incendiarlo todo. Se trata de corregir el rumbo con justicia social inteligente, con política económica que mire a la gente a los ojos. Si queremos un Jujuy que se ponga de pie, el paquete verdadero debería incluir, al menos, estas prioridades:

• Alivio fiscal y financiero segmentado para pymes y microcomercios, con acceso real (no burocrático) y con foco en formalización.
• Incentivos condicionados a empleo: beneficios a cambio de nuevos puestos, capacitación y primer empleo joven.
• Plan de desendeudamiento: mediación, tasas razonables, freno a prácticas abusivas, educación financiera y acuerdos con el sistema crediticio.
• Compra pública inteligente para dinamizar proveedores locales, generando demanda donde hoy hay depresión.
• Reforma del gasto: menos espuma, más gestión; menos privilegio, más eficiencia; menos propaganda, más resultados.

Hay que recuperar una idea simple y poderosa: la economía no es un altar para adorar cifras, es una herramienta para que las familias vivan mejor. Y cuando el aguinaldo se transforma en pago de deuda, no estamos ante “un dato más”: estamos ante una señal de alarma que pide decisión, diálogo y coraje. Coraje para tocar intereses. Diálogo para construir consensos. Decisión para poner primero a los que están últimos.

Jujuy merece una salida con grandeza. Y la grandeza no se mide por anuncios: se mide por cuántas familias vuelven a respirar.