En un escenario político cargado de tensiones y desigualdades, el Seguro Provincial de Salud (SEPROSA) aprobado recientemente en Jujuy ha generado una ola de críticas que resuenan desde distintos sectores de la sociedad y el espectro político. Entre ellos, Dingui Martín Palmieri, uno de los referentes del Frente Amplio, ha alzado su voz para desmantelar los argumentos del oficialismo y exponer las graves consecuencias de esta controvertida medida.
Oficialismo: Salud para algunos, burocracia para otros
El discurso oficial intenta justificar el SEPROSA como una herramienta para “mejorar la calidad de atención” y “garantizar que quien pueda pagar, lo haga”. Sin embargo, estas palabras se desmoronan al analizar la realidad económica y social de Jujuy. Con un presupuesto provincial de $2 billones para 2025, la recaudación estimada de $20.000 millones a través del seguro obligatorio representa un impuesto encubierto que recae principalmente en los sectores más vulnerables.
Desde el oficialismo, la diputada provincial que defendió la medida declaró: “El que pueda pagar, que lo haga, y el que no seguirá recibiendo atención gratuita pero con calidad”. Sin embargo, Palmieri refutó estas afirmaciones, calificándolas de falacias propagandísticas que ignoran la precariedad del sistema de salud público y el impacto económico devastador en una población ya golpeada por la pobreza y la informalidad laboral.
El Frente Amplio desarma la narrativa oficial
Dingui Martín Palmieri expresó: “El SEPROSA no es más que un impuestazo encubierto que violenta los derechos fundamentales de los jujeños. No es una medida para garantizar la salud, es una medida para recaudar y cubrir el déficit crónico de un sistema que el propio gobierno ha vaciado durante años”. Además, denunció que esta política responde a una lógica de privatización encubierta, donde los sectores más vulnerables deberán atravesar un laberinto burocrático para acceder a un servicio que debería ser garantizado constitucionalmente.
Palmieri también destacó el carácter regresivo e inconstitucional de la medida, subrayando que: “Un estado que no puede garantizar servicios básicos como salud y educación está condenando a sus ciudadanos a la exclusión. Esta medida no solo es injusta, es profundamente inhumana”.
El impacto en la economía y el tejido social
El SEPROSA no solo afecta a las familias, sino también al tejido económico de la provincia. En Jujuy, una región donde la agricultura y la economía informal representan pilares fundamentales, este seguro obligatorio reducirá aún más la capacidad de consumo de los hogares. Las familias deberán destinar hasta $50.000 mensuales al seguro, en detrimento de otros gastos esenciales como alimentos y educación.
Palmieri criticó duramente este punto, advirtiendo que: “Esta medida es un ataque directo al consumo interno y a la economía de las familias. No solo empobrece a los hogares, sino que también debilita sectores productivos clave como el tabaco y la horticultura, que dependen del poder adquisitivo local”.
La privatización encubierta y los intereses empresariales
Uno de los aspectos más polémicos del SEPROSA es su carácter discriminatorio y sectario. Palmieri denunció que esta medida está diseñada para beneficiar a las clínicas privadas y empresas prestadoras que hoy operan como satélites del sistema público: “El gobierno ha convertido el derecho a la salud en un negocio, transfiriendo la carga económica a los ciudadanos mientras enriquece a un puñado de empresas privadas. Esto no es un sistema de salud, es un sistema de exclusión y explotación”.
La desconexión del oficialismo y la invisibilidad de los más vulnerables
Las declaraciones de la diputada oficialista también reflejan una preocupante desconexión con la realidad de los jujeños. Palmieri fue contundente al señalar que: “En lugar de atender las demandas populares, el oficialismo se enfoca en discursos vacíos y medidas improvisadas que solo benefician a sus propios intereses. Mientras tanto, los sectores más vulnerables quedan invisibilizados y desprotegidos”.
Un llamado a la unidad y la resistencia
Palmieri instó a la ciudadanía a movilizarse y exigir la derogación del SEPROSA, destacando que la salud es un derecho inalienable y no un privilegio. Además, hizo un llamado a las fuerzas políticas opositoras y a las organizaciones sociales para unirse en defensa de los derechos fundamentales: “No podemos permitir que este impuestazo quede impune. Los jujeños merecen un gobierno que los represente, no que los explote”.
Conclusión: ¿Qué salud estamos construyendo?
El SEPROSA no es solo una medida controversial, es un síntoma de un modelo de gestión que prioriza la recaudación sobre los derechos humanos. Mientras el oficialismo busca justificar lo injustificable, la voz de líderes como Dingui Martín Palmieri resuena como un recordatorio de que la lucha por la justicia social y la dignidad humana debe estar en el centro de cualquier política pública.
Es hora de que Jujuy despierte y exija un modelo de salud inclusivo, transparente y justo, que priorice a las personas por encima de los intereses empresariales. La salud no puede ser un privilegio. Debe ser un derecho para todos, sin condiciones ni exclusiones.
