La Justicia Federal se Declara Competente para Sancionar el Cobro Indebido de Impuestos en Facturas de Servicios

Redacción Perico Noticias // La Justicia Federal ha dado un paso decisivo al declarar su competencia para fallar sobre el cobro indebido de impuestos en las facturas de servicios en Jujuy. La admisión del amparo promovido por la asociación civil CODECUC —que representa con firmeza los intereses de los contribuyentes jujeños— marca un antes y un después en una situación que ha llevado a miles de usuarios a pagar, de manera sistemática, las facturas de luz y gas más onerosas del país.

Durante demasiado tiempo, EJESA ha ignorado el decreto nacional que prohíbe a gobiernos provinciales y municipales cargar tributos y tasas adicionales en las facturas, a pesar de los antecedentes de multas impuestas. Esta desobediencia ha sido tolerada por un entramado de complicidades que involucran a fiscales, autoridades gubernamentales y los propios intendentes, quienes, al no detener esta práctica, han permitido que la carga impositiva se dispare hasta niveles insostenibles.

Un destacado especialista en derecho público expresó en declaraciones reservadas:

“La aplicación del decreto nacional es una obligación ineludible en virtud del principio de legalidad. La persistencia en el cobro de impuestos adicionales no solo vulnera derechos fundamentales de los usuarios, sino que se configura como un acto de coacción, que obliga a miles de ciudadanos a soportar la amenaza constante del corte de servicios esenciales.”

La sentencia que ahora se avecina no solo obligará a EJESA a acatar el decreto, sino que también exigirá a la Provincia de Jujuy idear un nuevo sistema de recaudación, y mucho más, a resarcir los daños y perjuicios ocasionados a una ciudadanía coartada por un sistema impositivo abusivo y arbitrario.

La situación se agrava al observar el papel lamentable de otros actores fundamentales. La SUSEPU, órgano burocrático encargado de velar por los intereses de los contribuyentes, ha quedado relegada al olvido, convirtiéndose en un lastre que desperdicia los recursos públicos en lugar de defender a los ciudadanos. Igualmente, diversas sucursales del Banco Nación se han negado a recibir pagos conforme a lo dispuesto por el decreto, participando de manera complice en la desobediencia a la norma y en el deterioro del sistema de recaudación.

La inacción y negligencia de intendentes, concejales y fiscales —quienes han permitido, por omisión o por acción, que esta práctica se perpetúe— se suma al oscurantismo en la administración de los fondos públicos. Mientras el dinero destinado a servicios esenciales desaparece en un abismo de falta de transparencia, los bolsillos de los usuarios permanecen vacíos. Resulta inadmisible que, en medio de este panorama, algunos funcionarios intenten encubrir el defalco con cursos, fiestas carnestolendas y otros artificios, en un intento desesperado de disimular la ineficiencia y la corrupción.

La reciente intervención del fuero federal envía un mensaje claro: la justicia no permitirá que el abuso y la impunidad continúen dañando a los ciudadanos. Este fallo no solo protege el derecho de los usuarios a una facturación justa y transparente, sino que sienta un precedente para que otras provincias se esfuercen en cumplir rigurosamente las normas impuestas a nivel nacional.

En definitiva, la sentencia que se avecina obligará a una reconfiguración del sistema impositivo en Jujuy y, sobre todo, exigirá responsabilidad y rendición de cuentas de todos aquellos que han permitido que el abuso se convierta en rutina. La ciudadanía exige, y merece, un trato justo, un sistema de cobro lícito y transparente, y el resarcimiento de los daños ocasionados por un accionar que, hasta ahora, ha perjudicado a los contribuyentes de manera sistemática y cruel.