La rebelión de los contribuyentes: del impuesto opaco al activo comunitario trazable

La crisis política global no se explica solo con ideologías, encuestas o “climas de época”. Se explica, sobre todo, con una sensación tan simple como devastadora: la gente siente que paga mucho y recibe poco. Impuestos altos, servicios flojos, privilegios intactos. Esa combinación es dinamita pura para cualquier sistema democrático. No es antipolítica; es cansancio fiscal. Es la rebelión silenciosa de los contribuyentes.

El problema no es pagar impuestos. La mayoría de la clase media, en Argentina, en Jujuy, en Europa o en Estados Unidos, entiende que sin impuestos no hay salud, ni educación, ni infraestructura. El problema es pagar a ciegas. Enviar todos los meses una porción enorme del salario a un agujero negro llamado “Estado” y no saber dónde aterriza. La opacidad fiscal es hoy la principal fábrica de bronca política del planeta.

La pregunta clave es: ¿por qué en 2025 seguimos administrando los impuestos como en 1970? Hoy un vecino puede seguir en tiempo real el recorrido de una compra mínima por internet, pero no puede seguir el recorrido de sus propios impuestos. Puede ver dónde está su paquete, a qué hora sale del depósito, quién lo recibe; pero no puede saber quién firmó la obra de su barrio, cuánto se pagó, a qué proveedor y con qué resultados. Esa asimetría de información es el corazón del problema.

Perico Noticias propone un cambio de paradigma: transformar el impuesto en activo comunitario trazable. Que cada peso recaudado se tokenice, se convierta en un registro digital público y auditable, asociado a un programa, a una obra, a un contrato concreto. Que cualquier ciudadano pueda, desde su celular, ver cuánto aportó su barrio, a qué proyectos fue ese dinero, en qué etapa están, qué empresa los ejecuta y qué funcionario autorizó el pago. No hablamos de discursos: hablamos de arquitectura institucional basada en tecnología.

Este modelo no elimina al Estado, lo obliga a madurar. El intendente, el gobernador o el presidente dejan de ser “dueños” del gasto y pasan a ser gestores bajo supervisión permanente. El Consejo Deliberante, las legislaturas y el Congreso dejan de leer PDFs interminables y pasan a controlar tableros en tiempo real, con alertas automáticas cuando un contrato se dispara de presupuesto o se frena sin justificación. La política deja de operar en la penumbra y empieza a convivir con la luz fuerte de los datos abiertos.

La rebelión de los contribuyentes no se apaga con marketing ni con cadenas nacionales; se desactiva con control social efectivo. Trazabilidad fiscal implica que cada obra pública tenga su “DNI digital”; que cada subsidio tenga un historial público; que cada licitación tenga un tablero donde la ciudadanía pueda ver comparativas de precios, plazos e historial de proveedores. Significa también responsabilidad ciudadana: si queremos que el impuesto sea activo comunitario, debemos asumir el rol de accionistas de lo público, no solo de víctimas del sistema.

Argentina, y Jujuy en particular, tienen una oportunidad histórica. Venimos de décadas donde el impuesto fue percibido como castigo y la evasión como defensa propia. Es momento de invertir esa lógica: que pagar sea participar, que aportar sea decidir, que contribuir sea tener voz y voto en el destino del dinero común. Sin transparencia radical, no habrá contrato social posible ni gobernabilidad sostenible. Con trazabilidad comunitaria, en cambio, podemos empezar a construir algo nuevo: una república fiscal donde el Estado deje de ser sospechoso por definición y vuelva a ser lo que siempre debió ser: la herramienta organizada de una comunidad que decide su propio futuro.