Redacción Perico Noticias // En una decisión de alto impacto, el presidente Javier Milei ha firmado un decreto que prohíbe los tratamientos de cambio de género en menores de 18 años. La medida, anunciada por el portavoz presidencial Manuel Adorni, restringe el acceso a terapias hormonales y cirugías de reasignación de sexo para menores, argumentando que estos procedimientos tienen consecuencias irreversibles y que los niños y adolescentes no poseen la madurez necesaria para tomar decisiones de tal magnitud.
El gobierno sostiene que permitir estos tratamientos en menores constituye una forma de abuso infantil. Esta postura se alinea con restricciones implementadas recientemente en países como el Reino Unido, Suecia y algunos estados de EE. UU., donde se ha comenzado a cuestionar la eficacia y seguridad de estas intervenciones médicas en personas jóvenes.
Además, el decreto establece que los reclusos serán alojados en cárceles según el género registrado al momento de cometer el delito. En particular, se evitará que mujeres trans condenadas por delitos sexuales, trata de personas o crímenes violentos contra mujeres sean ubicadas en prisiones femeninas, con el argumento de proteger a las internas y evitar abusos dentro del sistema penitenciario.
Estas decisiones han generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTQ+, quienes acusan al gobierno de vulnerar derechos fundamentales. La Federación Argentina LGBT+ ha anunciado que recurrirá a la justicia nacional e internacional para impugnar la prohibición de tratamientos de cambio de género en menores, calificándola como un retroceso en materia de diversidad e inclusión.
El presidente Milei, conocido por su enfrentamiento con las políticas progresistas y lo que denomina “ideologías siniestras”, ha intensificado su ofensiva contra el «wokeismo». En su discurso en el Foro de Davos, ya había señalado que el feminismo radical, la diversidad y la inclusión son parte de una agenda que, según él, atenta contra la libertad individual y la meritocracia.
Con estas acciones, el gobierno busca redefinir las políticas de género en Argentina, promoviendo lo que considera una defensa de la niñez y una igualdad real ante la ley. No obstante, estas medidas han abierto un intenso debate sobre los límites entre la protección estatal y los derechos individuales, especialmente en lo que respecta a la identidad de género y la autonomía personal.