SUSEPU: renuncia, fusible y factura — cuando el “ente defensor” se corre del mostrador

La Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU) existe, en teoría y en práctica, para regular, controlar y actuar como contrapeso ante prestadores y tarifas, con el usuario como “cliente final” de la política pública. Esa es su razón de ser: orientar, auditar, exigir, arbitrar. Incluso el propio organismo, en comunicaciones oficiales de años anteriores, reconocía el impacto brutal de perder subsidios —con saltos de “7 a 10 veces” en el costo de la energía si el usuario quedaba mal segmentado— y se posicionaba como voz técnica del sistema.

Hoy, con la renuncia aceptada (informada por medios provinciales) el hecho político es otro: la ciudadanía lee “abandono” donde el gobierno quiere vender “reordenamiento”. Y no es una lectura antojadiza. En el tablero doméstico, enero abre con un endurecimiento del escenario nacional: la política de subsidios se volvió más restrictiva y el costo pleno de la energía se acerca a los hogares a velocidad de shock. En ese marco, la renuncia no “repara” lo que ya está corriendo en las boletas: apenas cambia el fusible.

Lo más grave es el vacío de defensa efectiva. Porque cuando un ente regulador pierde credibilidad, el mercado no se ordena: se desborda. Y en Jujuy, con salarios tensos y una pobreza estructural que vuelve cualquier aumento “impagable”, el impacto no es contable: es emocional y social. El usuario no discute tecnicismos; discute supervivencia. Y ahí la SUSEPU —por acción tardía o por falta de poder real— quedó del lado equivocado del mostrador: del lado del “explique en ventanilla”.

La pregunta estratégica no es si habrá reemplazo, sino si habrá cambio de enfoque: mitigación, tarifa social robusta, auditoría permanente, planes de pago realistas, y sobre todo una mesa pública de crisis con EJESA y con el gobierno provincial para amortiguar el golpe. La SUSEPU ya impulsó auditorías en el pasado ante sospechas de irregularidades de facturación; hoy la escala del problema exige ese músculo, pero con resultados visibles y plazos cortos, no comunicados.

¿Sucederá? Depende de una decisión política: pasar de la narrativa a la gestión. Porque si la renuncia se convierte en maquillaje y no en punto de inflexión, el 2026 será un año de conflictividad ascendente: familias recalculando consumo, comercios apagando horas, barrios enteros acumulando deuda, y un Estado provincial mirando cómo la crisis se privatiza en cada hogar. El riesgo es claro: default social energético.

La línea es simple: sin un plan provincial de contención, la quita/reducción de subsidios y las tarifas crecientes se convierten en una máquina de expulsión doméstica. Y cuando la energía deja de ser un servicio para transformarse en un privilegio, no hay relato que aguante. La SUSEPU —con nuevos nombres o los mismos— tiene una oportunidad mínima: volver a representar a los usuarios, no a la “normalidad” del sistema.