Vicentin–Banco Nación: embargo a exdirectivos y la pregunta incómoda — ¿quién paga cuando el Estado pierde US$ 304 millones?

Perico Noticias, 7 de enero del 2026 // Hay decisiones que no se explican como “errores de gestión”. Se explican como un patrón. La Justicia ordenó embargos e inhibición general de bienes sobre exdirectivos del Banco Nación —entre ellos Javier González Fraga y Lucas Llach— en el marco de la causa Vicentin, una investigación por presuntas maniobras irregulares que habrían generado un perjuicio estimado en US$ 304.328.665,75, cifra vinculada al reclamo del propio banco en el concurso preventivo.

La medida no es un detalle procesal: es un blindaje patrimonial preventivo. El juzgado busca asegurar que, si la investigación avanza hacia condenas, decomisos o multas, no se consolide un “provecho” ni se evapore el dinero antes de tiempo. En términos llanos: se intenta evitar que el daño quede socializado —como tantas veces— mientras lo privado se “protege” a tiempo.

El corazón del expediente apunta a un período crítico: agosto a diciembre de 2019, cuando —según la imputación reconstruida en distintas coberturas judiciales— se habrían otorgado o sostenido asistencias financieras y decisiones de garantías en condiciones que hoy se discuten como irregulares, favoreciendo a firmas del grupo (como Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda) en la antesala del default. La historia es conocida por el país productivo, pero no por eso menos corrosiva: un banco público que debería cuidar el patrimonio de todos termina expuesto a una operatoria cuyo costo termina pagándose en cuotas… y en silencio.

Ahora bien: editorialmente conviene decirlo con precisión. Embargo e inhibición no son condena. Son una señal de que la Justicia considera que hay elementos para avanzar y, sobre todo, que hay riesgo de frustración de una eventual reparación económica si no se toman medidas cautelares. En octubre de 2025, incluso, se discutió judicialmente la forma de esas cautelares (inhibición general vs embargos preventivos específicos), mostrando que el proceso está vivo, se revisa y se disputa.

El punto político —y social— es otro: cuando el daño potencial supera los US$ 300 millones, no estamos ante un expediente más. Estamos ante una hipótesis de captura del Estado: decisiones crediticias concentradas, controles internos que no cortan a tiempo, alarmas que no suenan o que alguien apaga, y un circuito donde lo “técnico” se usa como coartada para que lo grave parezca administrativo. Y en esa lógica, el ciudadano no pregunta por tecnicismos: pregunta por lo básico. ¿Quién responde? ¿Quién repara? ¿Qué mecanismos impiden la repetición?

La causa Vicentin, por eso, importa más allá de los nombres propios. Importa porque expone una falla sistémica: si una operatoria de esta escala puede ocurrir en el principal banco público, entonces el problema no es solo penal; es de gobernanza, de trazabilidad de decisiones, de controles, de sanciones, de consecuencias reales. El país no necesita “relatos” sobre moralidad financiera: necesita responsables identificables, recupero patrimonial cuando corresponda y reglas duras para que el crédito público no se convierta en un salvavidas selectivo.

Y el cierre es ineludible: si la Justicia avanza, no alcanza con embargar bienes. Hace falta un mensaje de época: el Estado no puede ser el pagador de última instancia de las audacias privadas ni de los atajos políticos. Porque cuando se pierde plata pública en montos de esta magnitud, el costo no lo absorbe un Excel: lo absorben hospitales sin insumos, rutas sin mantenimiento, escuelas sin reparación y familias que viven al límite. El país se cansó de financiar impunidades. Y este expediente, por su tamaño y simbolismo, está obligado a demostrar que la rendición de cuentas no es marketing institucional: es ley.