Perico Noticias, 15 de enero del 2026 //Jujuy está amordazada, no por una consigna ideológica, sino por una realidad material: la provincia ya está montada —en buena parte— sobre rieles chinos. Y cuando una economía se estructura con inversión, crédito, compras y tecnología de un actor global, la “alineación” deja de ser discurso: se vuelve dependencia. El problema es que hoy el discurso libertario, alineado a Trump, demoniza a China como palabra prohibida… mientras sectores del propio oficialismo nacional conviven, negocian, viajan y se apoyan —directa o indirectamente— en vínculos con el gigante asiático. Ese doble estándar no es un detalle: es el síntoma de un país sin estrategia, y de provincias condenadas a improvisar.
Estados Unidos está escalando presión económica y política para recortar el margen de China en América Latina, y Argentina aparece como caso testigo por su fragilidad financiera. En medios internacionales se reflejó la idea de condicionar apoyos y acuerdos a una reducción de la influencia china, en particular en sectores estratégicos. No es casualidad: el control de cadenas críticas (energía, minerales, infraestructura digital) es parte del nuevo orden global, donde el “libre mercado” es apenas una bandera; lo que manda es la seguridad nacional y la disputa de poder.
Ahora bien: en Jujuy, ese tablero no es teoría. Es concreto. El parque solar Cauchari —emblema de transición energética provincial— se ejecutó con financiamiento de China (crédito del Exim Bank) y participación de empresas chinas en la construcción/implementación, en un esquema ampliamente documentado. En litio, el núcleo duro del negocio regional también muestra la huella asiática: proyectos en la Puna jujeña vinculados a compañías chinas, como Ganfeng en Cauchari-Olaroz, forman parte del mapa productivo que ya no puede “desenchufarse” por un tweet en Washington.
Entonces aparece la paradoja política: el libertarismo local y nacional se presenta como soldado doctrinario del trumpismo, pero el territorio que dicen defender está atado a inversiones chinas que sostienen empleo, obra, recaudación y expectativas. Y para completar el cuadro, estallan noticias que exponen incomodidades internas: trascendieron viajes y contactos de legisladores oficialistas con actores tecnológicos chinos, que generan ruido justo cuando Trump endurece la agenda anti-China. El mensaje hacia la base libertaria es confuso: ¿China es “enemigo ideológico” o “socio inevitable”? Si se sostienen ambas cosas a la vez, lo único que queda es doble moral.
En este contexto, Carlos Sadir juega un ajedrez propio: no puede romper con China sin romper con la realidad económica provincial, pero tampoco puede ignorar que el gobierno nacional busca validación externa en clave Washington. Su línea —ampliar cartera de inversiones sin “entorpecer” lo ya comprometido— es pragmática y, de hecho, más racional que el griterío. El problema es que la Argentina no está negociando desde fortaleza: está negociando desde deuda, desde necesidad de dólares, desde urgencia. Y cuando un país negocia desde el borde, las provincias quedan como rehenes: pagan el costo político y social de decisiones tomadas lejos del territorio.
La discusión se vuelve todavía más áspera cuando se superponen dos temas sensibles: recursos y comunidades. La reforma constitucional jujeña de 2023 fue cuestionada por organizaciones de derechos humanos y ambientales en relación con protestas, garantías y la tensión alrededor de modelos extractivos y gobernanza territorial. No se trata de un tecnicismo jurídico: se trata del “contrato social” mínimo para administrar un boom (litio, energía, infraestructura) sin que explote la legitimidad. Si la provincia aparece ante el mundo como un territorio “asegurado” para el capital pero frágil en consensos internos, pierde soberanía práctica: se encarece la política, se radicaliza el conflicto, se erosiona la institucionalidad.
Y acá entra el NOA completo. Durante años se vendió el “corredor bioceánico” como promesa de integración estratégica —a veces incluso asociado al clima de cooperación ampliada con China—, pero el nuevo orden internacional está reescribiendo prioridades: logística sí, pero bajo control geopolítico; infraestructura sí, pero alineada a intereses de seguridad; comercio sí, pero con sanciones y aranceles como látigo. Argentina ya se vinculó formalmente a marcos de cooperación donde China es actor central, y el vínculo económico sino-argentino (swap, comercio, inversiones) se volvió estructural. Eso choca con la narrativa de “pureza ideológica” que ciertos voceros libertarios quieren imponer.
Conclusión: Jujuy está atrapada entre un Estados Unidos que exige alineamiento disciplinado y una China que ya es parte del esqueleto económico regional. En ese cruce, la política libertaria queda desnuda: no puede defender el discurso anti-China sin chocar con la realidad; no puede sostener la realidad sin traicionar el discurso. Y mientras tanto, la provincia —y el NOA— quedan expuestos a una tormenta perfecta: dependencia externa, fragilidad fiscal, conflictos socioambientales y una estrategia nacional que confunde propaganda con política exterior.
Si se quiere instalar agenda en serio, la pregunta no es “¿Trump o China?”. La pregunta es: ¿cuál es el plan soberano de desarrollo para que Jujuy deje de ser pieza y empiece a ser jugador? Porque hoy, con tanta ambigüedad, la provincia no decide: la deciden.
