Pymecidio en puerta: ¿qué es el Rigi, punto central de la Ley Bases?

El Gobierno plantea en su texto legislativo que la medida incentivaría la inversión extranjera en el país, pero a la vez traería un gran perjuicio a la producción nacional. Las advertencias comenzaron a crecer en los últimos días, ya que el esquema está presentado de una manera que no permitiría modificaciones por 30 años.

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (Rigi) es un punto nodal del proyecto de Ley Bases que está en discusión en el Congreso. Constituye un paquete de beneficios que fracturaría la economía nacional y dejaría fuera de juego a miles de pymes e industrias locales que denuncian -cada vez con más eco- que se está instrumentando un escenario de competencia desleal.

El primer artículo de este capítulo normativo plantea que el Rigi busca otorgar «ciertos incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos a su amparo». Los grandes capitales tendrían abierta de par en par la puerta de la Argentina, pero ¿a qué costo?

El articulado indica que las mega inversiones pueden arribar a determinados sectores -como Agroindustria; Infraestructura; Forestal; Minería; Gas y Petróleo; Energía; y Tecnología- pero deja habilitada la chance de adicionar otros rubros en el futuro. Dice también que las grandes inversiones que se concreten a través del Rigi serán consideradas de interés nacional, ya que son «útiles y conducentes para la prosperidad del país». No obstante, el mentado progreso colisiona directamente contra el texto de la propia ley.

El especialista en ciencia y tecnología y profesor titular de la Universidad Nacional de La Plata, Santiago Liaudat, dialogó esta semana con el periodista Nicolás Guthmann y advirtió que el Rigi «está pensado fundamentalmente para el sector primario exportador -ligado al litio, el gas y el petróleo, entre otros-» y «las inversiones que superen los 200 millones de dólares», cuyos impulsores «gozarían de beneficios tributarios, cambiarios y aduaneros».

Esto, según plantea el Gobierno en su texto legislativo, apunta a incentivar la inversión extranjera en el país -un fin con el que uno a priori podría estar de acuerdo-, pero con un claro perjuicio para la producción nacional.

Es que los grandes fondos de inversión van a poder entrar al país, invertir, desarrollarse y explotar los recursos naturales locales pagando mucho menos impuestos que cualquier pyme que paga derechos de importación y exportación.

«Va a terminar pagando menos impuestos que la pyme que si tiene que importar algún repuesto, tiene que pagar derechos de importación; si tiene que exportar, paga derechos de exportación. Las empresas del Rigi van a pagar 0%. Eso por 30 años», advirtió Liaudat.

El texto legislativo que presenta el Rigi ante diputados y senadores ampara todas las afirmaciones del docente de la UNLP. No solo enumera diversas exenciones que no abonarían los grandes inversores que decidan participar, sino que quedaría fijado que los mismos «no podrán ser afectados ni por la derogación de la presente Ley ni por la creación de normativa tributaria, aduanera o cambiaria respectivamente más gravosa o restrictiva que la que se encuentra contemplada en el Rigi».

«La estabilidad tributaria -continúa el proyecto-, aduanera y cambiaria prevista en el presente tendrá vigencia durante los 30 años siguientes a la fecha de adhesión». Un esquema de competencia dispar donde enormes capitales le disputarán el terreno a las industrias locales que no percibirán ayuda alguna porque las cabezas del Ejecutivo pregonan la no intervención estatal cuando se trata de lo propio. Todo con una vigencia asegurada de tres décadas.

La judicialización tampoco destrabaría el candado normativo que el Gobierno busca ofrecer como «seguridad jurídica» a estos grandes inversores. El articulado habilita la posibilidad de que estos jugadores, en caso de conflicto judicial, definan si resuelven el tema en la Justicia local o en la internacional.«El Rigi está hecho de tal manera que nosotros durante 30 años no lo podemos tocar. Es un punto central. Ante cualquier litigio que el Estado tenga con una de estas empresas, la empresa, el fondo de inversión, puede optar por ir a la Justicia internacional. Entonces, (el Rigi) no brinda recaudación tributaria; no genera desarrollo local porque tampoco obliga a contratar proveedores nacionales ni obliga a hacer transferencia de tecnología. Tampoco va a ingresar dólares, porque pueden formar los activos en el exterior y no los obliga a liquidar las divisas en Argentina», resumió Liaudat.