Redacción Perico Noticias // La reciente aprobación de la Ley del Seguro Provincial de Salud (SEPROSA) en Jujuy ha desencadenado una tormenta de críticas y acusaciones de violación constitucional. Este polémico proyecto, que obliga a los jujeños sin cobertura médica a pagar entre $40,000 y $50,000 mensuales para acceder a los servicios de salud, representa un precedente inédito y peligroso en Argentina, donde la salud es reconocida como un derecho universal, gratuito y garantizado por la Constitución Nacional y Provincial.
¿Qué establece la ley?
El SEPROSA impone un seguro obligatorio para quienes carecen de obra social. Según el texto, aquellos que no puedan costearlo deberán tramitar un certificado de eximición, pero solo si logran demostrar su condición de indigencia. Mientras tanto, los servicios gratuitos de salud pública quedarían reservados únicamente para este reducido grupo.
Esta decisión es presentada como una respuesta a la falta de financiación por parte del gobierno nacional y los recortes de programas como Incluir Salud, pero en realidad desplaza la responsabilidad del Estado hacia los sectores más vulnerables, dejando a unos 300,000 jujeños en una situación crítica.
Violaciones Constitucionales Evidentes
Desde un análisis jurídico, la aprobación de esta ley viola principios básicos de la Constitución Nacional y Provincial, así como tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Argentina:
- Derecho a la Salud Universal (Artículos 42 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional):
- La salud es un derecho humano fundamental y universal. Esta ley rompe con el principio de igualdad al condicionar el acceso a un seguro médico costoso, excluyendo a quienes no puedan pagarlo.
- No Discriminación (Artículos 16 y 20 de la Constitución Nacional):
- Establecer barreras económicas para el acceso a la salud constituye un acto discriminatorio que afecta especialmente a los sectores más vulnerables.
- Violación de Pactos Internacionales (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales):
- El Estado argentino tiene la obligación de garantizar el acceso equitativo a la salud sin discriminación, y el SEPROSA contradice este compromiso al tratar a ciudadanos argentinos como si fueran extranjeros en su propio país.
- Irregularidad Legislativa:
- El proyecto no fue discutido en comisiones y fue aprobado con un número mínimo de firmas, lo que refleja un procedimiento legislativo poco transparente y «a espaldas del pueblo», según denunciaron legisladores de la oposición.
Consecuencias Prácticas y Sociales
La implementación del SEPROSA no solo establece un peligroso precedente, sino que también genera efectos inmediatos y devastadores:
- Exclusión de los Sectores Vulnerables: Los jujeños que trabajan en la economía informal o perciben ingresos menores a $600,000 mensuales se verán obligados a destinar una parte significativa de sus ingresos a este seguro.
- Privatización de la Salud Pública: Al derivar pacientes al sector privado y condicionar el acceso al sistema público, el Estado traslada sus responsabilidades a los ciudadanos y al mercado, debilitando aún más la infraestructura de los hospitales públicos.
- Conflicto de Intereses: Legisladores como Rubén Rivarola, quien admitió ser empresario de la salud, votaron a favor del proyecto, generando un evidente conflicto de intereses que debería ser investigado.
Acciones Federales y Recursos Legales
Ante la magnitud de esta medida, el gobierno nacional y el Poder Judicial están obligados a intervenir para proteger los derechos fundamentales de los jujeños. Las siguientes medidas son esenciales:
- Intervención Federal:
- La violación de derechos constitucionales amerita una intervención sobre los poderes legislativo y ejecutivo de Jujuy, garantizando la restitución de los derechos vulnerados.
- Declaración de Inconstitucionalidad:
- Se debe presentar un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, invocando la incompatibilidad del SEPROSA con la Constitución Nacional.
- Investigación de Conflictos de Intereses:
- Las declaraciones del diputado Rubén Rivarola evidencian un potencial abuso de poder y tráfico de influencias, al beneficiar a sus propias empresas privadas de salud.
- Denuncia Internacional:
- Organismos de derechos humanos y la ONU podrían intervenir para exigir el cumplimiento de los pactos internacionales que garantizan la salud como un derecho humano fundamental.
Un Retroceso Inaceptable
La aprobación del SEPROSA marca un punto de inflexión peligroso en la política sanitaria argentina. Mientras se presenta como una solución a los recortes presupuestarios nacionales, en realidad representa un ataque directo a los derechos fundamentales de los jujeños. La salud, un derecho consagrado por la Constitución, no puede convertirse en un privilegio condicionado al pago de cuotas inalcanzables.
«Los argentinos no pueden ser tratados como extranjeros en su propia tierra. Es hora de que el Estado Nacional, el Poder Judicial y los ciudadanos actúen para detener este atropello y garantizar que la salud siga siendo un derecho universal e inalienable.»
