Artículo 350, civismo y rebeldía en Venezuela

Sin restarle importancia a los otros sucesos que apuntan a un agravamiento considerable de la crisis político-institucional en Venezuela, cabe decir que el acontecimiento más espectacular de esta semana ha sido el ataque perpetrado el martes (27.6.2017) desde un helicóptero contra las sedes del Ministerio del Interior y del Tribunal Supremo de Justicia en la capital. Su piloto, Óscar Pérez –inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)–, publicó un video exigiendo la renuncia del “hombre fuerte” de Caracas, Nicolás Maduro. En la nave, sus camaradas desplegaron una pancarta que rezaba: “350: Libertad”.

Descrito por el oficialismo como un acto terrorista con intenciones golpistas, el atentado es comentado con recelo en las redes sociales. De momento es imposible determinar si se trata de un genuino gesto de rebelión o de un montaje del establishment para desprestigiar a quienes invocan el artículo 350 de la Constitución Nacional, según el cual “el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

¿Libre interpretación?

Desde que la oposición venció al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en los comicios de 2015 y le arrebató la mayoría de los escaños en el Parlamento, los poderes públicos alineados con el Ejecutivo han obstruido la actuación de esa institución, desmontado progresivamente el Estado de derecho e incurrido en crímenes de lesa humanidad. Siguiendo órdenes de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojó de sus facultades a la Asamblea Nacional y los organismos de seguridad apelan al uso desproporcionado de la fuerza para reprimir a quienes protestan desde el 1º de abril contra el golpe al Legislativo.

Convocadas por la alianza de partidos antichavistas, las manifestaciones antigubernamentales no han parado hasta ahora. Sabiendo que las marchas no han sido autorizadas, cientos de miles de personas se amparan bajo el artículo 350 para tomar las calles. Pero, ¿qué alcance tiene ese pasaje de la Carta Magna? ¿Qué efecto tiene sobre el monopolio de la violencia y del poder político? ¿Le permite a los opositores pasar de la defensa propia a la ofensiva? Y, de ser así, ¿en qué medida? “Ese artículo data de 1999 y sigue dando pie a interpretaciones muy disímiles”, explica el abogado venezolano Mariano de Alba en entrevista con DW.

Nicolás Maduro con un ejemplar de la Constitución venezolana de 1999 en la mano.

Un artículo flexible

“No está claro cómo se practica lo allí planteado. Prueba de ello es la propuesta que circula por Twitter y Facebook de invocar el artículo en cuestión para crear un Ejecutivo paralelo”, agrega De Alba, aludiendo a un documento de veinte puntos firmado por el abogado Juan Carlos Sosa Azpúrua en el que se insta a los legisladores a decretar la ilegitimidad del gobierno de Maduro, a designar un Ejecutivo de transición incluyente –abierto a disidentes del chavismo en posiciones claves de la administración pública y las Fuerzas Armadas– y a romper el tabú en torno a la solicitud de respaldo militar estadounidense para luchar contra la dictadura.

“La Asamblea Nacional ha reaccionado muy tibiamente a mis planteamientos, pero hay cada vez más gente pidiéndole a los diputados que las tomen en cuenta”, asegura Sosa Azpúrua. El 21 de junio, el actual presidente del Parlamento, Julio Borges, publicó un mensaje en Twitter que decía: “El régimen se ha puesto al margen de la Constitución y, conforme al artículo 350, sus decisiones no pueden ser reconocidas ni obedecidas”. Algunos todavía esperan que Borges se atreva a asumir la presidencia paralela de la República, inspirado por las controvertidas ideas de Sosa Azpúrua. Otros dan por improbable –e indeseable– una moción tan arriesgada.