Amnistía Internacional alerta por los índices de embarazo adolescente en el NEA-NOA

Amnistía Internacional expresó su preocupación acerca de la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y del acceso a la educación sexual integral de las niñas y adolescentes en Argentina. La organización realizó el informe ante el Comité de los Derechos del Niño, en el marco del examen que el país rendirá en Naciones Unidas del 14 de mayo al 1 de junio de 2018.

Amnistía reveló que en 2017 se registraron en el país un total de 72.791 embarazos adolescentes no deseados, lo cual representa una tasa de 41,9 cada mil mujeres de entre 15 y 19 años. Esta problemática, asegura la ONG, trae aparejados riesgos a la salud de niñas y adolescentes, altas tasas de retraso y/o abandono escolar y dificultades en la inserción del mercado de trabajo, afectando negativamente sus trayectorias de vida.

En la misma línea, sostuvieron que un punto importante del fenómeno del embarazo adolescente son los casos de repitencia. Un quinto de los nacimientos que ocurren anualmente en adolescentes son de orden dos o más, es decir de madres adolescentes que ya han tenido uno o más hijos.

Según las estadísticas de Amnistía Internacional, entre niñas menores de 15, una nena de entre 10 a 14 años se convierte en madre cada tres horas. Esto no sólo conlleva a riesgos de mayores complicaciones físicas sino que a menor edad, la probabilidad de que el embarazo sea producto de abuso sexual, relaciones forzadas y explotación sexual es mayor.

A esa edad también se suma el mayor riesgo de partos prematuros y que los niños y las niñas nazcan con bajo peso, condiciones que aumentan sus probabilidades de contraer enfermedades de muerte en el período perinatal. Además, la tasa de mortalidad infantil es más elevada entre los nacidos de madres adolescentes.

En adolescentes menores de 15 años los embarazos están asociados a un «entretejido» de factores: pobreza, uniones tempranas, exclusión/abandono de la escuela, violencia sexual, falta de educación sexual integral a edades tempranas y ausencia de servicios de salud accesibles y amigables, falta de acceso al aborto legal, entre los principales.

En tanto, la distribución de la maternidad adolescente en el país tiene una estrecha relación con el nivel de desarrollo. A mayor nivel de desarrollo, menor fecundidad. La incidencia del embarazo en la adolescencia es marcadamente superior en las provincias del norte del país (particularmente en Formosa, Chaco, Misiones y Salta), lo cual refleja grandes disparidades, producto de las inequidades en el acceso a servicios, la disponibilidad de recursos humanos y físicos adecuados y la calidad de la atención.

Una consecuencia de la maternidad en la adolescencia es que refuerza tendencias a la interrupción de la trayectoria escolar. El 30% de las jóvenes que abandonó el secundario lo hizo por embarazo o maternidad. Además, tiene impacto en la inserción laboral precaria en el mercado de trabajo y a la reproducción intergeneracional de la pobreza. Un 67% de las personas jóvenes que no estudia, no trabaja ni busca trabajo son niñas y adolescentes que cuidan niños en sus hogares. La mayor inactividad laboral, entonces, se encuentra fuertemente vinculada con la demanda de las tareas de cuidado en el hogar, tareas que recaen mayoritariamente en las mujeres, reforzó la organización.

Respecto al aborto, Amnistía afirmó que los marcos legales restrictivos en materia de interrupción legal del embarazo, como el del Estado argentino, exponen a las niñas y adolescentes a riesgos en su salud e incluso en su vida.

En esa línea, la ONG recordó que se estima que en Argentina se realizan un promedio de entre 486.000 y 522.000 abortos clandestinos al año. Según los últimos datos oficiales disponibles, 49.000 mujeres se internaron en los hospitales públicos por problemas relacionados con esta práctica. De las 135 mujeres que en promedio fueron hospitalizadas por día en centros públicos por problemas relacionados al aborto, dos de cada 10 tenían 19 años o menos.

Finalmente, Amnistía Internacional instó a cumplir la Ley 26.150 sancionada en octubre de 2006, que establece que todos los y las estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada, confesionales o laicos.