domingo 24 de junio de 2018




El futuro de Grupo Indalo y la crisis de OCA, dos “papas” calientes” que deja la salida de Alberto Abad de la AFIP

3 marzo, 2018 en:


Pese al pedido de otros funcionarios, el ahora ex titular de la AFIP venía aplicando contra el holding y el correo una política de “mano dura”. Su alejamiento abre dos grandes incógnitas sobre el futuro inmediato de 15.000 empleados.

La salida de Alberto Abad como titular de AFIP ya es un hecho. Como lo es que en su lugar, asumirá Leandro Cuccioli, un hombre del riñón financiero del Ministerio de Finanzas, Luis Caputo, y de la mayor confianza del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

Si bien argumentó su alejamiento por “motivos personales y cansancio”, Abad deja dos grandes incógnitas sobre el futuro inmediato de 15.000 empleados que trabajan aún en el ex Grupo Indalo y en la operadora de servicios postales OCA.

El ahora ex titular de la AFIP venía aplicando una política de mano dura, más que nada ante el holding fundado por Cristóbal López y actualmente gerenciado por el fondo OP Investment, cuya cabeza visible es el financista Ignacio Rosner.

Tras su renuncia, empiezan a salir a la luz ciertas desavenencias entre el ex funcionario y algunos miembros del gabinete de Mauricio Macri por las formas en las que venía encarando ambos temas.

Por ejemplo, los roces con Quintana el año pasado, debido a que el ex dueño de Freddo y Farmacity pretendía una solución urgente para los conflictos con OCA e Indalo, mientras que el ex jefe del ente recaudador quería congelar las operaciones de ambos grupos hasta que se solucionen sus problemas impositivos.

Entre ambos conglomerados empresarios, el monto que la AFIP reclama es sideral y, con los intereses, casi llega a los $19.000 millones. De ese monto, a OCA se le reclaman $3.700 millones.

Quintana le pidió a Abad que ablande su embestida contra OCA o que levantara los embargos para que la empresa postal de Patricio Farcuh hiciera uso de un régimen de moratoria. El ahora ex funionario rechazó esos pedidos por considerar que estaban fuera de los alcances legales y que podrían derivar en un caso de conflicto de intereses por actuar con preferencia ante la empresa postal.

Terminó siendo un juez de Lomas de Zamora el que liberó esos fondos al aceptar abrir el concurso preventivo de OCA. Así la AFIP no tuvo más remedio que levantar algunos de los embargos y aceptar que esa firma proponga pagar parte de la deuda fiscal.

Pero los problemas con Quintana también se extendieron a las formas con las cuales Abad decidió encarar la causa Indalo, derivada de la denuncia de que Oil Combustibles, la petrolera del grupo, evadió por años el pago del impuesto a la transferencia de combustibles.

En aquel momento corrió el rumor de que la Casa Rosada estaba por pedir la renuncia del titular de la AFIP. Pese a eso, se mantuvo en su cargo.

Más que nada por el riesgo a que las causas judiciales que involucran al ahora rebautizado Grupo Ceibo y a la mayor empresa postal privada del país derivaran en un problema mayor. Es decir, en la pérdida de las fuentes laborales de esos miles de trabajadores y en el impacto social que dicha alternativa podía causar.

Fuentes oficiales admitieron a iProfesional los reparos a las formas elegidas por Abad para intentar recuperar los fondos que tanto el ex Grupo Indalo como OCA adeudan a la AFIP, aunque por motivos diferentes.

Desde el Gobierno entienden que ciertos mensajes enviados al ex titular de la AFIP para buscar soluciones que no involucren una masiva pérdida de fuentes de trabajo no fueron escuchados por Abad.

Es que más allá de las razones esgrimidas en los juicios que se llevan adelante contra ambos grupos, en escritorios cercanos a Mario Quintana consideraban excesivo el celo con el cual el ex funcionario defendía los “derechos” de la AFIP para recuperar el dinero que ni Indalo ni OCA honraron durante varios años.

En el caso del holding dueño de Oil Combustibles, se  trata de casi $7.000 millones según la justicia pero Abad hablaba de $15.000 millones de deuda e intereses acumulados por la no transferencia de un impuesto a los combustibles que la petrolera cobraba pero que no depositó durante años en las arcas de la AFIP.

Un “olvido” que generó varias causas en la justicia, al punto que derivaron en la cárcel para Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, presos desde antes de fin de año pero con posibilidades ciertas de ser liberados por la Cámara Federal en las próximas semanas.

En este caso, las quejas contra Abad tienen que ver con algunos de los fallos judiciales en los cuales se dejó claramente establecido que las maniobras de los mencionados empresarios no podían afectar la continuidad operativa de Oil Combustibles.

De hecho, la compañía logró que un juez accediera a abrir su concurso preventivo de acreedores, aun con la oposición de la AFIP de Abad, que por todos los medios y hasta última hora intentó boicotear cualquier posibilidad de continuidad operativa y por lo tanto laboral no sólo de la petrolera, sino del resto del ex Grupo Indalo.

Desde este holding varias veces se acusó a Abad de estar detrás de todas las negativas y rechazos que sufrieron para poder poner en marcha un plan de reestructuración y rescate del grupo, incluyendo la incorporación de un socio internacional del tamaño de la petrolera rusa Lukoil.

Abad, dicen cerca de Rosner, siempre se negó a permitir una salida lógica para la asfixia financiera por la que viene atravesando el conglomerado de empresas fundado por López en tiempos del kirchnerismo.

De hecho, confían que en enero hubo un encuentro de la plana mayor de OP Investment con Abad en la cual se habría llegado a un principio de acuerdo, que luego fue desconocido por el renunciante ex funcionario.

Dicen además que todas las piedras puestas por Abad en el camino hacia una salida a los problemas de Indalo mantiene la incertidumbre sobre el futuro laboral de sus 4.000 trabajadores.

Desde  la AFIP siempre se defendió la tesis de no permitir una ayuda a un grupo cuyos fundadores están acusados y presos por delitos como el de evasión fiscal y fraude. Por eso impulsaron una gran cantidad de medidas judiciales que derivaron en embargos e inhibiciones de todos los activos del grupo que hoy intenta sacar a flote Rosner y sus socios de OP Investment.

Sobre este punto, fuentes oficiales reconocen la pelea de Abad para que Cristóbal López y Fabián De Sousa sean juzgados, pero cuestionan su recelo para permitir a los nuevos dueños del nuevo Grupo Ceibo  encarar un plan de rescate. Más que nada, porque cuando Rosner informó sobre sus planes de hacerse cargo de semejante problema como era la compra de todo el ex Grupo Indalo, las señales del Gobierno fueron con el pulgar hacia arriba.

Es más, se asegura que durante las varias reuniones que Abad tuvo con Rosner o con su equipo de asesores, prometió que la AFIP le otorgaría al grupo un plan de pagos. Es más, hasta cuentan que armó un equipo especial para que trabajara sobre un plan viable de pago. Pero luego presionó a través de su abogado, Ricardo Gil Lavedra a los jueces para tirar atrás esa chance, incluso sin tomar en cuenta la opinión de ese grupo de tareas que el mismo organizó.

Hay quienes creen también que desde la AFIP se ha venido filtrando información sensible sobre las causas que involucran a Indalo, lo cual sería una violación del secreto fiscal. No es el caso de iProfesional, medio al cual desde el ente recaudador siempre respondió a las consultas, aunque sin traspasar los límites legales.

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