El peor favor de Bonadio a Macri: el pedido de prisión refuerza el discurso de CFK, en pleno debate reformista

La pregunta que durante años se hizo el país sobre si habría un juez capaz de pedir la detención de Cristina Kirchner, fue contestada este jueves.

Ese día llegó, pero seguramente de un modo diferente al que muchos habían imaginado. Todo lo que rodeó al procedimiento desatado por el juez Claudio Bonadio tuvo los componentes de una crisis política. 

Para empezar, el pedido de detención preventiva, bajo un argumento que buena parte del arco político ya había cuestionado en los casos de Julio de Vido y Amado Boudou.

Además, la causa que motivó el pedido de desafuero y detención es, jurídicamente, la menos sólida de las seis por las que Cristina ha sido imputada.

Por un lado, porque se vincula a decisiones de política exterior, una prerrogativa del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, no judiciable.

Por otro, ya que el cuestionado memorándum de entendimiento con Irán fue ratificado por el Congreso nacional.

Estos elementos hicieron que lo sucedido difiera bastante de lo visto en otros casos de ex presidentes latinoamericanos detenidos por sospechas de corrupción, tal como ocurrió con Lula en Brasil o con Ollanta Humala en Perú.

Y fue, seguramente, algo distinto a lo que los más furibundos adversarios del kirchnerismo habían imaginado. En definitiva, las circunstancias le sirvieron a CFK para reforzar su discurso de autovictimización y su denuncia sobre un Gobierno que usa a la Justicia como «cortina de humo» para tapar medidas de ajuste.

Una «sorpresa» que se veía venir
Para el gobierno de Macri, la decisión de Bonadio estuvo muy lejos de significar una victoria política.

Ni bien se supo la noticia, desde la Casa Rosada se dejó trascender la preocupación por cómo se había dado la orden del magistrado y las consecuencias que podría tener el pedido de desafuero.

Luego, cuando Macri se reunió con su Gabinete, se hizo trascender -en un cable de la agencia oficial Télam- el enojo con Bonadio por dos cuestiones.

En primer lugar, por su tendencia a «cierta sobreactuación«. En segundo, por el uso del recurso de la prisión preventiva ya que, para el Gobierno, debe ser utilizado «en situaciones específicas y no como una atribución personal».

El Ejecutivo tiene motivos más que fundados para estar preocupado, tanto desde el punto de vista político como judicial.

En cambio, la parte de la «sorpresa» es la menos defendible. Es que si al Presidente le asombró lo ocurrido, está dejando en evidencia una falla en sus nexos con el Poder Judicial, luego de que en estos últimos meses se dieran varias señales que marcaban el «crescendo» de los magistrados.

Ya se había visto algo de esto cuando el contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, fue detenido por burlar un embargo judicial, hecho que encuadraría en la figura de «obstrucción a la Justicia«.

De inmediato, surgió la especulación sobre qué pasaría con Cristina, ya que nadie cree que el contador pudiera actuar por propia iniciativa en una operación bancaria que implicara dinero de la familia Kirchner, sino que debía estar siguiendo instrucciones de la ex mandataria.

En ese momento, Bonadio, que había ordenado la detención de Manzanares, dijo que no podía hacer lo mismo con CFK porque su procesamiento aún no había sido ratificado por la Cámara, pero que no le «temblaría la mano» cuando llegara el momento.

Finalmente sintió que era hora de pedir su prisión preventiva, aunque no fue por la causa de los turbios negocios inmobiliarios de los Kirchner sino por la mucho más discutible acusación de «traición a la Patria».

La argumentación de Bonadio llegó como una consecuencia directa de la detención del ex ministro Julio de Vido. 

Fue a partir de allí que se puso en práctica la nueva teoría jurídica que divide al ámbito político: que un funcionario -o ex, incluso- pueda ir preso sin condena para así evitar el riesgo de que interfiera con la investigación judicial.

Esta determinación generó críticas hasta de los anti-kirchneristas más recalcitrantes, por dos motivos.

Primero, por la incoherencia de ese argumento, ya que estos procesados tenían más chances de alterar documentación antes, es decir cuando eran funcionarios, que ahora en su condición de ex.

Segundo, por lo vago y discrecional de la acusación: ¿cómo se determina objetivamente si un ex funcionario tiene voluntad de obstruir el accionar judicial?

Muchos recordaron que, exactamente bajo esos mismos argumentos, se podría haber dictado la prisión preventiva de Macri quien -durante su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad- había estado procesado en una causa por escuchas telefónicas ilegales.

O, incluso, ya siendo Presidente, cuando se lo investigó en el marco del escándalo conocido como «Panama Papers».

También, bajo el mismo argumento, podrían ser detenidos en un futuro varios actuales ministros macristas. Entre ellos, Luis Caputo o Juan José Aranguren cuando dejen el poder, si es que prosperan las causas que ya se les han iniciado por conductas incompatibles con la condición de funcionario público.

El temor por la paz social
Todo indica que, a diferencia de lo ocurrido con De Vido, esta vez no habrá desafuero ni prisión.