Feria Mayorista:  Entre la voracidad de Abud Robles y el oportunismo de Alejandra Martinez

La diputada provincial justicialista Alejandra Cejas, criticó en duros términos el proyecto de ley del Bloque de la UCR, de Efectivización de Transferencia de Tierras a la Municipalidad de Perico, que tratará este jueves la Legislatura, por el que se pretende “autorizar al Estado Provincial a regularizar la situación de tierras” que habían sido donadas en el año 1992 en virtud de la ley 4609.

De acuerdo a los fundamentos del proyecto, hasta la fecha “dicha ley jamás fue cumplimentada, puesto que no existió acto administrativo ni jurídico haciéndola efectiva”.  A esto se debe añadir que se asegura que, de acuerdo a un informe de la Dirección General de Inmuebles, el predio de unas 49 hectáreas seguiría perteneciendo al Gobierno Provincial y al Hospital Arturo Zabala, y que el municipio periqueño erróneamente se adjudica la propiedad del predio donde funciona la llamada Feria Mayorista ya que esta se asentaría mayoritariamente en fundos que no fueron parte de la donación –hecho que extendería al predio original en una decena más de hectáreas-

La diputada Cejas negó que esto sea así, recordando los motivos por los cuáles en 1992, mediante una ley, la provincia cedió a la Municipalidad de Perico la propiedad del predio, y calificó al proyecto como un intento extemporáneo de reglamentación “para salvar la desprolijidad de este acto ilícito de despojo del ministro de Producción, Abud Robles”

En este sentido, la diputada subrayó que el asiento de dicha feria data de los años 70, y negó que se esté incumpliendo con uno de los cargos de la donación sobre el destino del predio – la realización de actividades sociales y culturales- puesto que se previó, en el articulado de dicha ley, la posibilidad de la realización de actividades comerciales.

Cejas recordó que la problemática tomó estado público en abril de este año cuando los concejales periqueños fueron notificados que, a raíz de la firma de un convenio entre el Ministerio de la Producción y la Cooperativa de Feriantes Frutihortícolas, de noviembre del año pasado, el ministro Abud Robles cedió a la entidad la administración y usufructo del mismo.  “Este acto es manifiestamente ilegal porque no solo este predio pertenece al municipio de Perico, sino que lo cede bajo la responsabilidad del Concejo de Administración de la Finca El Pongo, lo cual no tiene nada que ver”, aseguró.

“La ley es muy clara, esto se ha cedido al municipio de Perico, con un destino específico”, enfatizó.

De acuerdo a Cejas, fue en ese momento en que se pudo comprender los verdaderos motivos de la presentación del proyecto de efectivización de la transferencia, que data del año pasado, por el cual se intenta despojar al Municipio y Pueblo de Perico de un importante patrimonio, “era a raíz de este convenio que había firmado el ministro de la Producción, quien además de no tener facultades -y no se sabe si las tenía encomendadas por el propio gobernador- buscaban lavar la impunidad de su bloque”.

La diputada aseguró que ha presentado una denuncia al respecto ante la Oficina Anticorrupción, pero que hasta ahora, ni el Fiscal Anticorrupción, Joaquín Millón Quintana, ni los fiscales de investigación penal, han tomado cartas en el asunto a pesar de que la presentación lleva ya más de cinco meses y, además, debieron actuar de oficio.  “Presenté la denuncia porque entendemos que estamos frente a un hecho ilícito y frente a un daño que se ha consumado y que está consumando”, sostuvo.

“El ministro Abud Robles no especifica dónde van los fondos que produce el predio; no se específica quién está a cargo de la cooperativa; no conocemos ni siquiera quiénes forman parte de ella; no entendemos cuáles son los intereses de la provincia en quitarle recursos al municipio; se estaría hablando de unos $12 millones anuales en promedio, que deberían destinarse a la obra pública”, apuntó.

Según la diputada, la provincia carece de facultades aun como para asegurar que dicha acción se realiza en defensa del legado de Plinio Zabala o por el Hospital Zabala, primero porque el predio fue cedido, y segundo porque en los tres años de gestión dicho nosocomio, a pesar de ser uno de los que más fondos recibe, “no tiene quirófano; no se han terminado los consultorios externos; los cinco profesionales que habían se fueron y no pueden contratar más profesionales; no están entregando ni medicamentos ni leche; no están haciendo nada de lo que básicamente debería hacer un hospital público con los recursos que tiene”.

Más allá de una serie de problemas relativos a la administración de la Finca El Pongo, que ahora se aglomeran, la diputada considera que “hay una discusión política, no casualmente está la diputada nacional Alejandra Martínez detrás de todo esto; tiene una obsesión con el municipio, ella vive ahí, fue concejal.  Quiere despojar a los vecinos de los bienes que le corresponden después de una tenencia de más de 25 años; despojarlos de los recursos que hoy serían $12 millones anuales o más; y quiere crear una zona liberada sin controles ni autoridad ni seguridad, quién sabe para qué”.

“Si el bloque radical avanza con la aprobación de esto, también van a quedar incursos en la complicidad de un delito”, advirtió la legisladora apuntando que podría haber responsabilidad civil y penal frente a lo que está sucediendo y frente a la gravedad de la situación. 

“Cada diputado tendrá que explicar qué es lo que va a hacer.  Esto ya no es una situación de un bloque; estamos hablando de la comisión de ilícitos, no es el primero, ni es el primero de este ministro”, señaló.

En este sentido aseguró que Abud Robles “genera dolores de cabeza en toda la provincia; cada lugar lo va sufriendo de distintas maneras”, y que esto sucede con la venia del gobernador Gerardo Morales.

“Tenemos el tema del sobresueldo que viene percibiendo, a todas luces inconstitucional e ilegal; tema La Esperanza; lo que está sucediendo en Gayatayoc; lo que pasa en El Carmen y ahora lo que pasa en Perico”, enumeró.

Finalizando con una seria ironía, Cejas se detuvo en la gravedad de lo que sucede en El Carmen:  “el ministro habla de que van a cambiar la matriz productiva de El Carmen porque ahora van a plantar marihuana en El Pongo”.

“Más allá de que todos lo toman con gracia estamos frente a un hecho de suma gravedad; estamos hablando de que Jujuy se puede convertir en un narcoestado…. justo cuando venimos de aprobar una ley de adhesión a la ley nacional de narcomenudeo, especialmente por esta sustancia”, lamentó.