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La Oficina Anticorrupción de Laura Alonso defendió a Macri por los Panamá Papers
En un polémico informe presentado ante el juez Casanello, el organismo aseguró que el Presidente está eximido de la obligación de declarar sus antecedentes laborales.
En medio de la polémica por la investigación sobre su presunta participación en dos empresas offshore, develada por los Panamá Papers, el presidente Mauricio Macri recibió un nuevo guiño de la Oficina Anticorrupción que conduce la ex diputada del PRO, Laura Alonso, que lo eximió de la obligación de declarar sus antecedentes laborales.
«Los funcionarios elegidos por el sufragio universal no se encuentran obligados a incluir en sus declaraciones juradas patrimoniales integrales las actividades laborales o cargos retribuidos o no» y que «haya desempeñado dentro de los tres últimos años», sostuvo la Oficina Anticorrupción en un informe que ya entregó al juez federal Sebastián Casanello.
La presentación del informe del organismo que conduce Alonso, se produjo al mismo tiempo que el juez Casanello librara exhortos a la ciudad de Nassau, en Bahamas, y Panamá, donde están radicadas las empresas Fleg Trading LTD y Kagemusha SA, respectivamente, para que se informe si el presidente «Mauricio Macri figura o figuró como accionista» de alguna de ellas.
Incluso, esta semana, el diputado de Neuquén Norman Darío Martínez aseguró mediante un escrito ante la Justicia que la firma Fleg Trading actualmente está en funcionamiento y sugirió medidas al juez para acreditarlo.
El informe técnico de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, a cargo de Néstor Baragli, fue requerido por el juez para saber si Macri, investigado por presunta omisión maliciosa de bienes en la presentación de sus declaraciones juradas, estaba obligado o no por ley a hacerlo.
La OA informó que el artículo 12 de la ley 25188 establece que «aquellos funcionarios cuyo acceso a la función pública no sea un resultado directo del sufragio universal incluirán en la declaración jurada sus antecedentes laborales al sólo efecto de facilitar un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses que puedan plantearse».
«Quien accede a un cargo público por elección popular no se encontraría normativamente obligado a incluir en sus declaraciones juradas dicha información», señaló Baragli, aunque reconoció que «ha sido práctica habitual de esta Oficina Anticorrupción que todos los funcionarios, incluso aquellos sobre quienes no pesaba dicha obligación, incluyeran sus actividades laborales».
