Alianza estratégica para reahbilitación de pensiones

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) acordó en una reciente reunión mantenida con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la conformación de una mesa de trabajo con las defensorías de todo el país para avanzar en la rehabilitación de las pensiones por discapacidad suspendida mediante decreto. La información fue difundida hoy por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Jujuy, Javier De Bedia, quien participó la semana pasada del mencionado encuentro.

El cónclave fue gestionado por la ADPRA por iniciativa de las defensorías de todo el país, cuyas sedes administrativas fueron los principales puntos de recepción de las consultas e inquietudes por parte la población afectada por la noticia.
El encuentro fue encabezado por el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de ADRPA, Alejandro Amor, la jefa de Gabinete de dicha cartera, Alejandra Cedrola, y el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino.
Además del ombudsman jujeño, la reunión contó con las presencias de los defensores adjuntos de la CABA, María América González y Arturo Pozzali; los defensores del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández; de Pilar, Juan Manuel Travatelli; de Avellaneda, María Garibaldi; de Lanús, Alejandro Gorrini; de La Matanza, Silvia Caprino; de Bariloche, Beatriz Oñate; de Salta, Nicolás Centeno; y el adjunto de la Provincia de Buenos Aires, Walter Martello.
También participaron los defensores de Paraná, Luis Garay; de La Plata, Florencia Barcia; de Villa Nueva, Nicolás Morcila; de Villa María, Alicia Peresutti; y de la Provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto.
Otras instituciones que estuvieron representadas fueron la Asociación Argentina de Ayuda a la Persona que padece Esquizofrenia y su Familia (APEF); la Asociación Argentina de Padres Autistas (APADEA); la Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia (APEBI); la Asociación Senderos del Sembrador; TGD Padres TEA; la Asociación de Ayuda al Ciego (ASAC); el Departamento de Discapacidad de Racing Club; la Asociación Civil Soles de Buenos Aires; la Asociación Milagros Ayelén; la Asociación Civil de Profesionales para la Equidad (ASPPE); y la Comisión de Discapacidad de AABA.
Al respecto, De Bedia informó que la ADPRA acordó con la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, la conformación de una mesa de trabajo que contará con la participación de las defensorías del Pueblo del país y las asociaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, a los efectos de avanzar en la revisión de todos aquellos casos que se vieron afectados por la medida inicial, y, de esa manera, evitar la suspensión del beneficio.
El Defensor del Pueblo de Jujuy adelantó además que se convino con la cartera ministerial iniciar una tarea puntual para la detección de irregularidades en las asignaciones de estas pensiones. Sostuvo que en el caso de detectarse anomalías en el otorgamiento del beneficio, se recurrirá a la Justicia, “porque quién recibe una pensión que no le corresponde, lo hace en detrimento del Estado y de a quién sí le corresponde”.
Sobre la conformación de la mesa de trabajo, De Bedia afirmó que es un paso importante porque significa institucionalizar el trabajo. Asimismo, en coincidencia con el pensamiento y la postura de sus pares, sostuvo que como defensores tomaron la responsabilidad de solucionar el problema tal como sucedió con el caso de la tarifa social.

RECOMIENDAN LA DEROGACIÓN DEL POLÉMICO DECRET0

Más adelante, indicó que los funcionarios nacionales expresaron el compromiso de no reducir el presupuesto y comunicaron que las únicas pensiones que fueron suspendidas fueron aquellas vinculadas a la adquisición de un empleo en blanco por parte del beneficiario y en casos de fallecimiento o renuncia al beneficio. “Desde la cartera ministerial nos aseguraron que “todas las demás pensiones serán depositadas esta semana de manera retroactiva”, acotó.
Precisó que la ADPRA entregó a los funcionarios un documento reafirmando la necesidad de realizar un análisis caso por caso y de forma interdisciplinaria, a los fines de determinar quiénes están en condiciones de percibir el beneficio.
De Bedia comentó luego que la entidad que los nuclea resaltó ante las autoridades nacionales la importancia de respetar el debido proceso administrativo ante los ceses o suspensiones de este tipo de beneficios, además de haber recomendado la derogación del Decreto 432/97, y la redacción de una nueva normativa con criterios más inclusivos y que reconozca a las personas con alguna discapacidad como plenos sujetos de derecho.-