Auditoria sobre severas falencias en ejecución de programas asignados a la Tupac Amaru

Un informe que revela graves falencias detectadas por auditoría sobre el Programa de Fortalecimiento Comunitario del Hábitat, ejecutado en Jujuy por la organización Tupac Amaru, será enviado a la justicia a los efectos de aportar al esclarecimiento del destino de fondos públicos.

Así lo hizo saber Alejandro Nieva, auditor general de la Nación, quien brindó precisiones sobre una investigación efectuada en el 2012 sobre el programa mencionado, el cual fue concebido e instrumentado por el gobierno kirchnerista para cooperativas de desocupados.

Una circunstancia de suma gravedad apuntada por Nieva, es la ruta del dinero para evitar la bancarización. «Se adjudicaban las obras a muchas cooperativas, gran cantidad, con los nombres más diversos, siempre con el logo de la Tupac Amaru. Luego esas cooperativas entregaban un poder, en algunos casos ni siquiera eso, para que una sola persona cobre por todas esas cooperativas. Se subdividían en muchos cheques de 50.000 pesos para llegar a la cifra que se retiraba del mostrador de los bancos», describió en declaraciones a Infobae, para luego recordar que hasta 50.000 pesos se puede retirar en efectivo.

«Esta situación ya la observamos en el 2012 cuando hicimos el informe y fue detectada nuevamente ahora, cuando hicimos una auditoría de corte a pedido del que en ese momento era todavía el gobernador electo, Gerardo Morales», mencionó.

Continuó manifestando, que uno de los organismos que Morales pidió investigar fue el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), el cual manejaban estos fondos y estas obras. «Se detectaron estas cuestiones que fueron denunciadas penalmente a la Justicia, que avanzó de forma importante, deteniendo incluso a Milagro Sala, otros dirigentes y funcionarios del anterior gobierno», manifestó y agregó que «con la auditoría de corte detectamos que el 9 de diciembre se sacaron 29 millones de pesos con este mecanismo, como así también expedientes de último momento, que nos llamaron la atención, los que fueron denunciados por muchos cooperativistas que eran llamados a último momento al IVUJ para firmar recibos por cifras millonarias y endosar los cheques a favor a una o dos personas que tenía la Tupac Amaru para cobrar cheques y que después llevaban la plata en bolsa a la casa de Milagro Sala o a la propia organización».

Destacó que finalmente esos fondos públicos «se destinaba en un gran porcentaje a otras actividades políticas, compra de propiedades, adquisición de vehículos y gastos de todo tipo que no podemos imaginar».

Comentó que la situación de la Tupac Amaru es «parecida» a la de Sueños Compartidos y recalcó que «la Auditoría hizo un importante informe con el programa de construcción de viviendas realizado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, donde vimos grandes irregularidades con la utilización de fondos, en donde buena parte de los mismos se dedicaban a situaciones no contempladas por el programa», completó.

Indicó que otras de las anomalías más graves se vinculan con la falta de rendición de cuentas, «porque eran cientos de millones pesos, que llegaron a ser miles, que se ejecutaron a través de estos programas y no se controlaban» y a ello se sumó la «falta de escrituración de las viviendas». «Luego -prosiguió- los beneficiarios no eran seleccionados de acuerdo a las normas del programa. El municipio debía participar y hacerlo de acuerdo a criterios establecidos, pero la Tupac Amaru elegía a los beneficiarios en forma absolutamente discrecional y bajo ningún criterio explicitado por la organización en ningún documento».

En otro orden, advirtió que al no participar los municipios se registraron casos de viviendas construidas sin infraestructura básica, como luz, cloacas y gas. Al respecto, señaló que «así como detectamos serias falencias constructivas, también se hizo evidente la baja calidad en la construcción, seguramente por baja calidad de la mano de obra y falta de guía en la construcción».

Resaltó que inclusive se llegó a construir viviendas en terreno sin la situación dominial resuelta.